El Gobierno sigue manteniendo una distancia prudencial en relación a las investigaciones ordenadas por el fiscal general del Estado sobre los restos de los trenes del 11-M. En privado, muchos entonan el "ya era hora". En público, la consigna dictada por Mariano Rajoy desde Bruselas mantiene toda su vigencia: "Mi respeto a su independencia, en este asunto y en cualquiera".
Tanto en el Ejecutivo, como en el PP, hay dos sectores sobre la nueva manera de actuar de la Fiscalía, ahora que está en manos de Eduardo Torres-Dulce. Están quienes desean que se investigue "todo lo que se tenga que investigar" en relación a los atentados de Madrid, y que se agarran, como si de un clavo ardiendo se tratara, a órdenes como la de requerir a la Audiencia Nacional un informe exhaustivo. Y los que, aún admitiendo que podrían existir incógnitas no resueltas en la sentencia, creen que este asunto no beneficia a los planes del gabinete presidencial.
En este mar de opiniones, que circulan en clave interna, quien se está encargando en las últimas fechas de poner voz a la valoración oficial del Ejecutivo, por limitada que sea, está siendo Alberto Ruiz-Gallardón. Lo hizo en el Senado, a preguntas de los grupos en la Comisión de Justicia, así como en varias entrevistas en medios de comunicación.
El ministro parte de la base de que Torres-Dulce puede tomar "las decisiones que considere oportunas" porque es libre "de decidir y ejecutar", por lo que entiende que "habrá visto pruebas que le han encaminado a actuar". A este estribillo habitual, este miércoles añadió, en declaraciones a Antena 3: "Apoyo completamente -la actuación del Ministerio Fiscal-, porque él ha aplicado la doctrina del Tribunal Supremo".
"Respeto siempre a los hechos juzgados. No se puede volver a juzgar unos hechos que ya lo fueron en su momento por un tribunal", señaló, pero "siempre que exista un indicio nuevo tiene que ser sometido a investigación y eso es exactamente lo que ha hecho el fiscal general del Estado", remató el titular de Justicia, incómodo en los asuntos relativos al atentado terrorista.
El último capote lo echaba María Dolores de Cospedal, en calidad de secretaria general del PP, al sentenciar: "No se pueden admitir ni críticas ni sanciones" al fiscal por investigar el 11-M. "El PP siempre ha confiado en la acción de la Justicia", aseguró hace pocas fechas, sin asumir la idea generalizada de las víctimas de que no es "un caso cerrado". De hecho, si de algo se cuidan los populares es de asumir esta percepción en público, si bien muchos sí lo hacen en privado. Fuentes autorizadas aseguran que Torres-Dulce tiene "manos libres" para investigar, pero que esto no significa que el Gobierno vaya a hacer "lanza de batalla" de los interrogantes que rodean la masacre de Madrid.