El Gobierno está estudiando que los malos gestores que despilfarran los recursos públicos puedan ser castigados con una pena similar a la de malversación de caudales públicos, una tipificación que se incluiría en la reforma del Código Penal que acompañará a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, según han adelantado a Europa Press fuentes gubernamentales. Esta medida ya fue insinuada por Cristóbal Montoro el pasado 18 de enero.
La Ley de Transparencia, que se quiere aprobar antes de que acabe marzo, recogerá sanciones a quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a quienes comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación, o a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas (facturas no contabilizadas).
Sin embargo, en las actuales circunstancias de crisis económica el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere ir un paso más allá tipificando específicamente en el Código Penal infracciones para castigar las conductas más graves en la gestión de los recursos públicos.
En concreto, el Gobierno se plantea que esa pena para los políticos despilfarradores sea similar a la del delito de malversación, para el que el Código Penal fija una pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez, y que en el caso de que la malversación revista "especial gravedad" puede llegar a una pena de cárcel de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta.
Esta reforma pretende que aquellos gestores que causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes o lleven a cabo una gestión deficiente respondan ante la Justicia.
Así, se tendrán en cuenta los criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de las funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia, según precisó recientemente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Asimismo, el Gobierno está estudiando incluir en la Ley de Transparencia un endurecimiento de las incompatibilidades de los exaltos cargos, sobre todo de los ministros, a raíz de lo sucedido con la exvicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, con su incorporación a la filial de Endesa en Chile, Chilectra.
La decisión de Salgado de incorporarse a una filial de Endesa, soslayando de esta manera la Ley de Incompatibilidades, no ha caído bien en el Ministerio de Hacienda. Por ello, y a iniciativa del departamento ministerial que dirige Cristobal Montoro, se está estudiando incluir un endurecimiento de las incompatibilidades.
Hasta el momento, la compatibilidad o no para que los altos cargos puedan ejercer determinadas funciones en la empresa privada viene determinada en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración del Estado, que en su artículo 4 establece que "durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las Administraciones Públicas". Salgado ha sorteado esta incompatibilidad fichando por Chilectra, filial de Endesa, y no por la matriz, donde sí ha tenido capacidad de decisión en cuestiones que afectaban a la eléctrica española cuando era vicepresidenta del Gobierno.
La decisión del Ejecutivo de endurecer las incompatibilidades o acotarlas mejor, contrasta con el rechazo que se ha producido esta semana en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, de la propuesta de una proposición no de Ley del BNG en esa dirección.