Durante más de quince años han sido la sombra de concejales, diputados, periodistas, fiscales o jueces. Pasaban junto a ellos maratonianas jornadas laborables que habitualmente superaban las doce o catorce horas, y no distinguían entre laborables, domingos o festivos. Y se convirtieron, en muchos casos, en casi una parte más de la familia de sus propios protegidos.
Los escoltas privados han sido durante este tiempo los auténticos ángeles de la guarda de más de un millar de ciudadanos que han desarrollado su labor profesional bajo la amenaza de ETA. Un trabajo que han realizado poniendo su propia vida en juego.
Llegaron al País Vasco y Navarra en 1997, después de que un grupo de ETA liderado por Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, asesinase a sangre fría de un disparo en la cabeza a un joven y desconocido concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Lo habían secuestrado apenas unas horas antes y su vida había sido utilizada para intentar chantajear al Gobierno de José María Aznar.
Esta necesidad de seguridad generalizada fue fruto de la cristalización de la ponencia Oldartzen (Embistiendo) de Herri Batasuna, que propugnaba la "socialización del sufrimiento", es decir, el asesinato por parte de ETA de políticos, jueces, fiscales o periodistas, entre otros. Su primera víctima había sido del dirigente del PP vasco Gregorio Ordoñez, asesinado en 1995, pero tras ese crimen tan sólo se había puesto escolta –policial– a los parlamentarios.
La imposibilidad de que miembros de las Fuerzas de Seguridad pudiesen actuar como escoltas de todos y cada uno de los cargos constitucionalistas del País Vasco y Navarra, así como a otros posibles objetivos terroristas hizo que se tuviese que echar mano de profesionales privados de la seguridad.
De 4.500 a apenas unos cientos
De manera continuada, durante más de una década, casi 4.500 escoltas realizaron tareas de seguridad en el País Vasco y Navarra, 3.500 de ellos en la comunidad autónoma, a los que habría que añadir casi otro millar realizando un trabajo similar en la comunidad foral. Sin embargo, a las puertas del final de ETA, y tras la reducción que habrá en la noche del martes al miércoles, la profesión se enfrenta casi prácticamente a su extinción.
En la comunidad vasca había trabajando en el año 2009 los 3.500 escoltas mencionados con anterioridad. Esa cifra fue reduciéndose desde principios de 2010 hasta llegar a los 2.400 profesionales privados que había días antes de que la banda terrorista ETA hiciese público su comunicado de cese definitivo de la violencia en octubre de 2011. De ahí, a finales de 2011 se produjeron drásticos recortes que situaron el número de escoltas en activo en los 1.500, según datos facilitados por la Asociación Española de Escoltas (ASES).
Unos recortes que continuaron durante el mes de enero y que volverán a repetirse en la madrugada del martes 20 al miércoles 21 de marzo. En total, tan sólo quedarán unos 300 escoltas en su puesto de trabajo. Más de 2.100 habrán perdido su trabajo en la comunidad vasca desde el comunicado de ETA.
La reducción de escoltas también ha sido drástica en la comunidad foral. Según datos facilitados por Asociación de Seguridad Privada ASP/92, en diciembre de 2009 había en Navarra aproximadamente unos 880 escoltas privados. En enero de 2010 empezaron a reducirse los servicios paulatinamente, hasta llegar a contabilizarse 700 escoltas en activo en septiembre de ese año.
Entre mayo y junio de 2011 la cifra volvió a disminuir a 550, situándose en 382 poco después del comunicado de ETA del pasado mes de octubre. A partir del miércoles la cifra se reducirá hasta 210 escoltas, de los que cerca de la mitad no estarán protegiendo a posibles objetivos de ETA sino a mujeres maltradas.
Las previsiones que manejan desde la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra es que, entre mayo y junio de este año, con la finalización de los últimos contratos en vigor de seguridad privada, se acabe el trabajo para los escoltas en ambas comunidades.
"Adiós" con una "palmadita en la espalda"
ASP/92 denuncia que la reducción de la protección "se ha realizado más por estatus o categorías políticas que por riesgo veraz". "Como ejemplo, desde el próximo 21 de marzo los parlamentarios navarros pasarán a tener de dos a un escolta, mientras algunos concejales en pueblos, que ahora dejarán de tener escolta, han tenido uno. Nosotros, que hemos estado con todos ellos, hemos visto como insultaban a los segundos y, a los primeros, a la mayoría, ni siquiera les conocen por la calle", aseguran.
La sensación desde las asociaciones es que sienten cómo después de haberse jugado la vida para proteger a los amenazados por ETA se les manda al paro sin ninguna posibilidad de recolocación. "La escolta tal y como la conocemos ahora va a desaparecer. Hemos realizado una labor muy importante. Hemos sido una pieza fundamental en la lucha contra el terrorismo y no consideramos oportuno que nos echen a la calle con una palmadita en la espalda", dice Santiago Fontela, presidente de la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra.
"El problema del colectivo de escoltas privados y la seguridad privada, en general, es que nos han usado como parche y solución de un problema y ahora no saben qué hacer con nosotros. Tenemos derecho a un reciclaje o una formación superior, todo ello dentro de un plan de recolocación como marca la nueva reforma laboral y como se ha realizado y se realiza actualmente en otros sectores laborales", señalan desde ASP/92.
Las salidas profesionales que tendrán ahora son realmente complicadas. Por un lado, dejar de un lado su especialidad de escoltas y trabajar –con las dificultades del mercado laboral actual– como vigilantes de seguridad. De la lucha contra ETA a la puerta de un supermercado y cobrando una tercera parte. Por otro lado, continuar en la especialidad, colocándose, por ejemplo, en cualquier de los barcos españoles que navegan por aguas de Somalia, aunque en la actualidad no hay más de un centenar de escoltas allí.
La Asociación Española de Escoltas trabaja desde hace meses en un plan de reubicación de escoltas que propone la modificación de la legislación vigente para que ampliar las competencias profesionales de este colectivo. Entre esas nuevas competencias, estaría, por ejemplo, la protección de mujeres maltratadas, una tarea que ya realizan en Navarra, o en seguridad aérea, realizando labores de escolta en el interior de aeronaves.
También proponen que los actuales servicios de escolta de altos cargos del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que actualmente realizan personal de las Fuerzas de Seguridad, pasen a ser realizadas por escoltas privados, siendo asignados los agentes que ahora realizan ese trabajo a otras unidades de la Policía Nacional, Guardia Civil o policía autonómicas o locales.