La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades cometidas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha citado a declarar como imputado el próximo día 19 de abril al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez Alaya ha citado a declarar el próximo 19 de abril al exconsejero, citación que se produce días después de la declaración prestada por el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, en prisión provisional sin fianza por estos hechos.
Otros altos cargos imputados son el viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, Agustín Barberá; el director general de Trabajo entre 2009 y 2010, Juan Márquez, y su sucesor y actual titular, Daniel Alberto Rivera.
En sus tres días de declaración, Guerrero implicó a Antonio Fernández y a otros consejeros y viceconsejeros de Empleo como presuntos conocedores de las irregularidades que investiga la juez, y además aseguró que Fernández se comprometió a dar tres millones de euros a empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.
Fernández fue también viceconsejero de Empleo entre 1995 y 2004, se prejubiló en las bodegas González Byass, una de las varias decenas de empresas que están siendo investigadas, y en 2001, siendo presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmó el convenio que permitió canalizar las ayudas objeto de la causa.
Alaya también ha citado a declarar al exdelegado de la Consejería en Sevilla Antonio Rivas, que lo hará el 26 de julio. Rivas, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre 2004 y 2010, estaría implicado en las irregularidades del ERE de la empresa Calderinox, ya que fue "el primer eslabón de la cadena", tuvo "conocimiento de todo lo que sucedía y participó en la inclusión de los intrusos", según la Guardia Civil.
Rivas está imputado además en el sumario del caso Mercasevilla que dio origen a la actual investigación sobre los ERE, causa en la que el fiscal pide para él 21 meses de suspensión y 900.000 euros de multa.
Junto a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, Rivas será juzgado por un jurado popular por la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios sevillanos como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.