Pablo Ruz sabe que le quedan pocas semanas al frente del juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional pero antes de que llegue su sustituto –en realidad, el sustituto del hasta ahora titular Baltasar Garzón- quiere dejar el asunto al que más tiempo ha dedicado en esta etapa profesional, el chivatazo a ETA, bien atado.
Por esta razón, después de que la Sala de lo Penal revocara el pasado mes de septiembre el procesamiento de la cúpula policial de Alfredo Pérez Rubalcaba –que continúa imputada por estos hechos-, el juez Ruz ha reactivado este jueves la investigación al soplo policial que se dio a la red de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún.
La novedad es que el magistrado ha dado entrada a la Guardia Civil en la causa, para complementar las investigaciones que hasta ahora habían llevado a cabo los agentes de la Policía, aceptando así las propuestas realizadas por el Ministerio Público y las acusaciones particulares –Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo–.
La Benemérita ya trabajó en esta investigación después de que el juez Fernando Grande Marlaska iniciase la causa del chivatazo, pero con el regreso de Baltasar Garzón al juzgado tras su excedencia en Estados Unidos éste la aportó de la causa. Es más, rechazó una petición de Dignidad y Justicia para que se apartara a la Policía de la investigación y la misma recayese exclusivamente en manos de la Guardia Civil.
Ruz ha encargado a la Guardia Civil que, en el plazo de dos meses, elabore un nuevo informe sobre el chivatazo al aparato de extorsión de la banda terrorista ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el Bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), al tiempo que ha vuelto a rechazar la declaración en esta causa del exministro de Interior Antonio Camacho.
El magistrado, que adopta esta decisión con el aval de la Fiscalía, ha librado un oficio a la Dirección General Operativa de la Guardia Civil para que su Servicio de Información confeccione "un informe de análisis" sobre el material recopilado en la instrucción, que se sumará al que realizó el comisario de la Policía Nacional Carlos Germán, que investigó los hechos. Asimismo, el magistrado encarga un informe al equipo de Germán ampliando las llamadas "entrantes" y "salientes" registradas en la ubicación geográfica del bar Faisán.
Siguiendo las órdenes de Ruz, la Guardia Civil también deberá hacer "un perfil operativo, funcional y de conocimiento de las informaciones suministradas" a Elosua, ampliar la identificación sobre las llamadas entrantes que telefónicas registradas junto al bar el día de los hechos y realizar un informe en el que se transcriban las conversaciones teléfonicas intervenidas que obran en la causa.
El juez, que pide un informe idéntico a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía, considera que estos nuevos análisis son "de obligado e inevitable cumplimiento" aunque subraya que en ningún caso implican "la sustitución del equipo investigador hasta ahora designado en las actuaciones".
Además, Pablo Ruz cita a declarar para el próximo 26 de marzo a José Carmelo Luquin –yerno del dueño del Faisán, Joseba Elosúa–, a dos miembros del equipo investigador que se encontraban en el lugar de los hechos, los mandos de la Unidad Central de Información (UCI) que participaron en la operación y los funcionarios de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) identificados en las actuaciones como "Sr. Tirado" y "Sr. Martínez Marty".
El juez también vuelve a rechazar la pretensión de Dignidad y Justicia (DyJ) de citar a declarar al exministro del Interior Antonio Camacho, que en la fecha de los hechos ocupaba el cargo de secretario de Estado de Seguridad, y de realizar un careo entre Germán y el comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), José Cabanillas. En febrero de 2011 Cabanillas, superior jerárquico de Germán, declaró ante el juez que éste intentó borrar la prueba clave del sumario, en referencia a la conversación entre Elosua y Luquin.
En ambos casos, Ruz argumenta que estas diligencias ya fueron "anteriormente rechazadas" y que se estimaron "improcedentes" sin que ahora existan "nuevos elementos de valoración que aconsejen el cambio de criterio hasta el momento mantenido".
Una vez que el Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional salga a concurso otro juez deberá asumir la investigación de este polémico caso. Su escasa antigüedad en la Carrera Judicial impide a Pablo Ruz ser su nuevo titular.
En la causa se encuentran imputados el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el inspector de Policía, José María Ballesteros, y Enrique Pamiés, ex jefe Superior de la Policía del País Vasco, quien fue cesado el pasado mes de enero por Ignacio Cosidó tras su nombramiento como director general de la Policía.