El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, ha decidido tirar de la manta. Según ha declarado ante la juez Mercedes Alaya, "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas".
Según han informado a los periodistas varios de los abogados presentes en la declaración, Guerrero ha trasladado a la magistrada que "cada consejero se interesaba por las ayudas a su provincia", llegando a citar a los exconsejeros de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Empleo, José Antonio Viera. "Zarrías se interesaba por Santana, Viera por Sevilla y Sierra Norte y así cada uno por su provincia", ha detallado.
Además, según los letrados presentes en la declaración, Guerrero habría dicho que "el Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta conocían el sistema" -de concesión de ayudas-, y que ese "es un dato objetivo, porque además de Empleo estaba Innovación", añadiendo que el mismo Consejo de Gobierno "veía la relación presupuestaria de las ayudas en la memoria". De hecho, habría señalado que la denominada partida 31L, el considerado como el primer fondo de reptiles, era una "partida blindada" y "la aprobaba la Intervención, el consejero o la consejera de Hacienda y el Gobierno andaluz".
El papel de Chaves
En su declaración, además, Guerrero ha explicado que recibió "indicaciones del Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves" y por parte del que fuera viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, para que concediera determinadas ayudas a empresas.
Ha detallado que recibió un documento escrito del "Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves" donde se le decía que "solucionara sí o sí lo de Bilore, porque al día siguiente Chaves iba a un acto político".
Asimismo, y según han informado a los periodistas varios letrados personados en la declaración, Guerrero ha asegurado que Barberá, imputado también en la causa, le dijo que "solucionara sí o sí" lo relacionado con la industria auxiliar naval de Cádiz, lo que, según ha añadido, "supuso un incremento de 26 millones de euros en el presupuesto que no tenía".
Lo cierto es que no es la primera vez que se oye hablar de la implicación de Chaves y del caso concreto de esta empresa, Bilore. La Razón informó en mayo de 2011 de la maniobra del entonces presidente de la Junta, en vísperas de las autonómicas y generales de 2004, y que ahora Guerrero ha llevado ante el juez. Según contó el diario, extrabajadores de la empresa abordaron a Chaves en un acto público y le entregaron un manifiesto en el que reclamaban ayuda.
El diario explica que un día después el director del Área de Planificación y Seguimiento de la Consejería de Presidencia se dirigió al jefe de gabinete de la consejería de empleo para enviarle el documento de los trabajadores con un llamativo añadido: "En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer". Al día siguiente, fue el jefe de gabinete del exconsejero Viera el que se dirigió con el mismo fin a Francisco Javier Guerrero. Recuerda La Razón que en 2007 y 2008 aparecieron unas ayudas de la Junta a los trabajadores de 1,16 millones de euros.
Ayudas "ilegales"...
En cuanto a la declaración de Guerrero, el ex alto cargo también ha aseverado que "informaba de todas las ayudas, tanto de la cuantía como de sus destinatarios, en los consejos de dirección de Empleo, a los que asistían el consejero, el viceconsejero y los delegados provinciales", quienes "jamás le pusieron ningún reparo a ningún tipo ayuda".
Guerrero ha reconocido que las ayudas "eran subvenciones, pero no se seguía el procedimiento legal", añadiendo que, "en su época, los expedientes estaban completos". Ha añadido que "informaba de todas las ayudas, tanto de la cuantía como de sus destinatarios, en los consejos de dirección de Empleo, a los que asistían el consejero, el viceconsejero y los delegados provinciales", quienes "jamás le pusieron ningún reparo a ningún tipo ayuda".
... y destrucción de documentos
Guerrero ha planteado como "hipótesis" que la destrucción de documentos de la que tuvo conocimiento una vez abandonó la Consejería y a la que hizo referencia en su declaración ante la Guardia Civil pudo ser ordenada por el consejero o el viceconsejero de Empleo.
En su declaración ha dicho que, "en su época, los expedientes iban completos, y los que hay en la causa no tienen nada que ver", por lo que "si faltan papeles es porque alguien los ha destruido", subrayando como "hipótesis", y ante la insistencia de la magistrada en este punto, que la orden de destruir estos papeles pudo ser del consejero o del viceconsejero de Empleo, pues "a un director general no se le ocurriría".
El ex director de Empleo ha prestado declaración después de que la juez Alaya le haya realizado un extenso relato de los hechos por los que le imputa hasta seis delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
La declaración se suspendió a las 19,25 horas a petición del imputado, que decía estar "cansado" y que "necesitaba aclarar sus ideas", de manera que se retomará este jueves a las 10 horas con nuevas preguntas de la instructora, que ha comentado a los letrados que "no ha llegado todavía ni a la mitad" del interrogatorio.