El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó este martes que, según los informes elaborados por la Fiscalía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "no existen pruebas para llevar adelante la ilegalización" de Bildu y Amaiur, las dos franquicias electorales con las que cuenta actualmente el brazo político de ETA.
En una comparecencia ante los medios de comunicación tras reunirse en la sede del Ministerio con representantes de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo, añadió que "haríamos un mal favor a la democracia promoviendo ahora la ilegalización" ya que "no hay razones jurídicas diferentes" a las que se presentaron en 2010 en el proceso judicial contra Bildu.
Fernández Díaz dijo que el Gobierno "debe acatar las decisiones de los tribunales", en especial, la del Tribunal Constitucional que legalizó a Bildu el pasado 5 de mayo, a la vez que recordó que todavía queda por resolverse el recurso de amparo presentado ante el Alto Tribunal por Sortu.
En esta línea, destacó la importancia de la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados, en la que las principales formaciones del arco parlamentario se pusieron de acuerdo para pedir a ETA su disolución dejando de lado la apuesta de UPyD de pedir la ilegalización de las franquicias electorales de la banda etarra.
"El Estado de Derecho va a seguir actuando hasta que ETA se disuelva. Pedimos a la Izquierda Abertzale que utilice su capacidad de influencia para que ETA se disuelva", añadió el ministro, tras lo cual dijo que los presos de la banda no saldrán a la calle hasta que cumplan los requisitos legales, es decir, pidan perdón a sus víctimas, se separen de ETA y condenen sus actos terroristas, asuman las responsabilidades económicas de sus actos y colaboren con las Fuerzas de Seguridad aportando datos sobre la organización terrorista.
Preguntado por el hecho de que Toñi Santiago, la madre de la niña asesinada por ETA en Santa Pola (Alicante) en 2002, haya decidido darse de baja en el PP por las dudas que le genera su política antiterrorista, mostró su "más absoluto aprecio y comprensión a las víctimas". Asimismo, sobre el enfado de las asociaciones mayoritarias de víctimas, se limitó a señalar que "el mundo asociativo de las víctimas es muy plural".
Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal Ortiz, rechazó responder a la pregunta de si el cambio de parecer del Gobierno sobre la ilegalización de Bildu-Amaiur es un pago político previo a un final pactado de ETA.
Así, dijo que "las cosas pintan muy bonito" y que "las circunstancias son muy favorables" en lo que al final del terrorismo se refiere, aunque "les va a costar mucho entregar la cuchara"
Reglamento de la Ley de Víctimas
En lo que a los motivos de la reunión se refiere, que se prolongó durante más de dos horas, el ministro de Interior aseguró que su departamento está trabajando ya en el Reglamento de Desarrollo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección a la Víctimas del Terrorismo, y mostró su deseo de que el mismo sea "un fiel reflejo del espíritu de consenso" que reinó en el Congreso para su aprobación.
El presidente de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal Ortiz, dijo que las peticiones de las asociaciones a la hora de redactar el Reglamento "deben ser escuchadas". "Esperemos que sea la última ley sobre víctimas del terrorismo. Esta ley es la compensación que el pueblo y el Parlamento le quieren dar a aquellos que se han dejado la vida por España", aseguró.