El número dos del PP-A, Antonio Sanz, ha mostrado un comprometedor informe de la Dirección General de Trabajo, con fecha de 22 de julio de 2010, denominado Encomiendas de gestión entre la Agencia IDEA y la Dirección General de Trabajo de 2010 y datos históricos 2001-2009. En el documento, al que ha tenido acceso LD, se confirma que la Junta entregaba ayudas sin control.
En dicho informe, se apunta que la suscripción de convenios de colaboración entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y, posteriormente, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) con la Dirección General de Trabajo para el reconocimiento y pagos de ayudas a trabajadores afectados por ERE "no estaba sustentada sobre ningún tipo de expediente administrativo de solicitud de ayuda".
"Sólo recogía la toma de decisión a partir de las negociaciones y/o reuniones mantenidas", se apunta en el informe, lo que, para el secretario general del PP-A, supone el reconocimiento de lo que viene denunciado por su partido: las ayudas se daban "por intereses electorales o por pertenecer a la familia o el entorno del PSOE".
En su comparecencia, Sanz ha destacado cómo la Junta "da la razón" a la reiterada denuncia del PP de que no existían expedientes para justificar los pagos. "Eran pagos directos", para cumplir con "compromisos políticos", ha denunciado el dirigente popular, para quien el informe también muestra el "caos monumental" que existe en la gestión de la Junta.
También en este informe se recoge cómo en julio de 2010 se había registrado un déficit de 11,2 millones en el pago de las ayudas. Por ello, según consta en el mismo documento, se vio la necesidad de mover los compromisos de la Dirección General de Trabajo y elaborar un "nuevo calendario".
Antonio Sanz, que ha destacado que lo comprometido por Empleo era "mucho mayor de lo que se podía asumir", ha explicado que ello derivó en la creación de un "tercer fondo de reptiles" en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. El fondo habría destinado a estos pagos un total de 6.172.000 euros en 2010.
El número dos del PP andaluz ha considerado "de suma gravedad" la información que se apunta en el informe porque se confirma cómo la consejería de Empleo, "ya en la etapa de Griñán, reconoce la existencia de un sistema para pagar ayudas sin que hubiera expedientes administrativos".
Además, ha anunciado que este documento que obra en poder de su partido le será remitido a la juez Mercedes Alaya, encargada de la instrucción del caso de los ERE.
Las prácticas "mafiosas" de Griñán
Sanz también ha exigido explicaciones al Gobierno andaluz por la supuesta destrucción de pruebas. Después de que trascendiera que personal "de confianza" de la Junta dedicó un fin de semana a destruir y falsificar documentos relacionados con los ERE, -según se recoge en una declaración incluida en la instrucción del caso-, el PP se ha manifestado convencido de que se hizo "por instrucciones" del presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
Sanz ha dicho que su formación tiene esta "sospecha" y que tendría que ser el consejero de Empleo, Manuel Recio, quien la despejara. Por ello, ha pedido al titular del ramo que aclare públicamente si tiene alguna responsabilidad en esta posible destrucción de información, de la que informó El Mundo este fin de semana, y si recibió "órdenes directas" por parte de Griñán a este respecto.
Asimismo, el dirigente popular le ha preguntado a Recio si estuvo en las instalaciones de la Consejería de Empleo el domingo 21 de noviembre de 2010, fecha en la que presuntamente se cometieron estos hechos. "Queremos saber si llegó solo o le acompañaba el viceconsejero Justo Mañas", ha añadido Sanz, quien ha considerado "muy importante" que Recio conteste sobre este asunto. Si se demuestra que esta información es cierta, ha añadido, los comportamientos que se han llevado a cabo en la Consejería de Empleo serían más propios "de la mafia".