La juez Alaya acusa a la Junta de alterar las actas del Consejo de Gobierno

Y lo ha hecho en el auto que emitió el pasado viernes del que el diario El País obtuvo una copia. La juez acusa a la Junta de alterar las actas de los Consejos de Gobierno y el Ejecutivo andaluz replica que ha enviado a Alaya todos los documentos "sin omisión". No han sido ni una ni dos, sino 480 actas de los Consejos de Gobierno entre 2001 y 2010 las que pueden haber sido alteradas constituyendo un delito.

En el auto, Alaya se queja del formato en el que la Junta presentó las actas -"se asemeja mucho a un orden del día extraordinariamente abreviado"- y por haberse eliminado de las actas cualquier referencia al contenido de los acuerdos adoptados. Tampoco están los informes verbales o escritos que se hubieran presentado. Según el artículo 30.3 de la Ley del Gobierno de la comunidad aprobada en 2006, las actas deben recoger la relación de asistentes al Consejo de Gobierno, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

Alaya, en un auto anterior, insinuó que el Gobierno podría alterar las actas y exigió que se las enviara en un sobre lacrado. Ahora afirma con claridad que se han modificado. La juez dice que en Internet ha encontrado más información sobre los Consejos de Gobierno "que el reflejado en las propias actas", para apoyar su suposición de que las actas han sido alteradas.

La magistrada ha resuelto "dar vista" a las partes personadas "dado que es claro que las actas son públicas" y que ella no tiene tiempo suficiente para hacerlo. Alaya quiere que las partes (fiscal, Junta, PP y defensas) y sus 48 abogados examinen desde la próxima semana todas las decisiones del Gobierno andaluz de los últimos 10 años, ya que el juzgado sufre una saturación que imposibilita un estudio pormenorizado.

En otro auto, Alaya censura el sistema que Empleo utilizó para conceder las subvenciones a empresas, y abunda en que incumplió los controles y límites fijados por la Unión Europea. De este modo, la juez da 10 días a la Junta para que aporte las publicaciones de las ayudas directas a empresas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores las comunicaciones recibidas por parte de la Junta al respecto.