El 8 de marzo de 2012 a las 10:00 horas de la mañana. Ésa será la fecha y hora en la que el que fuera director general de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, tendrá que declarar como imputado en el juzgado de Instrucción número 39 de Madrid según lo ordenado por la titular de ese juzgado.
La razón es su supuesta negativa a permitir la presencia de representantes de las asociaciones profesionales de guardias civiles en el Órgano de Gobierno de la Asociación Pro-huérfanos. Una representación a la que tendrían derecho, según los estatutos de la propia asociación, como vocales por designación hasta tres de los representantes de estas asociaciones en el Consejo de la Guardia Civil.
La decisión de la magistrada llega tras la presentación por parte de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), una de las asociaciones con representación en el Consejo de la Benemérita, de una querella contra el que fuera último responsable del Instituto Armado con el Gobierno Zapatero, en la que se le acusa de cometer un supuesto delito contra el ejercicio de los derechos cívicos (artículo 542 del Código Penal) y otro posible delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal).
Según consta en la querella admitida a trámite por la magistrada, a la que tuvo acceso Libertad Digital, la petición para designar en el Consejo de la Guardia Civil a los representantes de las asociaciones en el Órgano de Gobierno de la Asociación Pro-huérfanos se llevó a cabo en hasta cuatro reuniones de este órgano de la Benemérita.
La primera vez fue en la celebrada el 27 de noviembre de 2009, donde uno de los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en el Consejo pidió los nombramientos. La segunda vez fue en el encuentro del 14 de octubre de 2010, en el que la UO solicitó que estas designaciones se incluyesen en el orden del día, algo que se hizo, pese a lo cual, según la denuncia, Velázquez no permitió que se llevaran a cabo.
Durante esa segunda reunión, uno de los miembros del Consejo, que forma parte también del Órgano de Gobierno de la Asociación Pro-huérfanos hizo público que la propia asociación había pedido formalmente a la Dirección de la Guardia Civil el nombramiento de estos representantes.
En la reunión del Consejo del 28 de abril de 2011, la Unión de Oficiales volvió a pedir que se incluyese en el orden del día, algo que no ocurrió. En esa ocasión, el representante de la asociación recordó a Velázquez que "con su comportamiento, doloso por otra parte, estaba y está impidiendo un legítimo derecho de los guardias civiles democrática y legítimamente elegidos".
El último intento para la elección de los vocales de las asociaciones profesionales en el máximo órgano de la Asociación Pro-huérfanos fue en el encuentro del Consejo celebrado el 7 de junio de 2011, en el que el que fuera director general de la Guardia Civil habría evitado de nuevo la inclusión de la votación en el orden del día.
En la querella, UO solicita a la magistrada que incluya entre las posibles diligencias de la causa una testifical con el presidente de la Asociación Pro-huérfanos de la Guardia Civil, el general Rogelio Martínez Masegosa, y otra con el sargento José Francisco Silva Nieto, que es miembro del Consejo de la Guardia Civil y del Órgano de Gobierno de la Asociación Pro-huérfanos.
Francisco Javier Velázquez entró a formar parte del Gobierno Zapatero desde los primeros días de 2004. En abril de ese año, fue designado Secretario General para la Administración Pública, puesto que ocupó hasta 2006, cuando pasa a formar parte del Ministerio de Interior, coincidiendo con la llegada al mismo de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Su primer puesto es el de director general de Protección Civil y Emergencias, que ocupó hasta abril de 2008, cuando fue nombrado director general de la Policía y la Guardia Civil, cargo que ha ejercido hasta diciembre de 2011.