Alberto Ruiz Gallardón andaba preocupado por la posibilidad de perder su aura de moderado, de representar al sector más centrista del Partido Popular. La revolución judicial, incluida la reforma de la ley del aborto, fue muy aplaudida por las bases de su formación, mientras su periódico de cabecera, El País, le acusaba de políticas “más a la derecha” que las aplicadas por José María Aznar entre los años 2000 y 2004. Fue precisamente en la emisora de Prisa, la SER, donde quiso revertir la tendencia o, al menos, dar una de cal y otra de arena.
“No hay inconstitucionalidad en el matrimonio homosexual”, declaró, abriendo la caja de los truenos en un partido en el que este asunto sigue provocando gran controversia. Debido a ello, el propio Mariano Rajoy siempre es lacónico cada vez que le preguntan al respecto: “La postura oficial es esperar que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso”, que el PP planteó al considerar que el concepto matrimonio sólo se podía aplicar a la unión entre un hombre y una mujer. El presidente nunca incluye ninguna apreciación más, y su orden no explícita es que nadie más lo hiciera.
Su objetivo no es otro que evitarse quebraderos de cabeza. También en clave interna, habida cuenta de las diferentes sensibilidades que engloba la familia del PP, ahora también representadas el Gobierno. El sector católico se reafirmó en que había motivos para el recurso, y el denominado progresista que debería de haberse retirado hace tiempo. Oficialmente, el ministro de Justicia recibió, más que una reprobación, un toque de atención: la postura oficial es la que es, y ésta pasa por esperar la decisión del Alto Tribunal.
A partir de ahí, la más contundente de la catarata de reacciones vino en voz de Jorge Fernández Díaz, creyente declarado y que se postuló contrario al matrimonio entre homosexuales. “Si no hubiéramos pensado que era inconstitucional no hubiéramos votado en contra, no hubiéramos presentado una enmienda a la totalidad y no hubiéramos presentado un recurso de inconstitucionalidad”, sentenció el titular de Interior, en los pasillos del Senado.
También en la Cámara Alta, sus colegas de gabinete Ana Mato y José Manuel Soria echaron mano de argumentario interno -centrado en la espera a que el TC se pronuncie- para recalcar que “la opinión del Gobierno no cambia”, y encuadrar las declaraciones de Gallardón en el marco más personal. En ello se esforzó también su equipo, elevando el “personalmente” que el ministro de Justicia incluyó en sus valoraciones en la SER.
Idea parecida quiso transmitir Alfonso Alonso, encargado de formalizar la postura del PP: fueron “opiniones personales dentro del partido”. De hecho, él mismo se tuvo que retratar en este sentido, ya que siendo alcalde de Vitoria defendió la retirada del recurso y el matrimonio homosexual, como también lo hace siempre que se le pregunta Iñaki Oyarzábal, miembro de la dirección de los populares vascos. Ahora bien, “el partido ha fijado una postura clara”, y ésta es que “se planteó una duda legítima, legal” que fue llevada al Constitucional.
La letra de la música oficial está clara: “Más allá de posiciones personales, está el partido el Gobierno”, y de ahí que, en fuentes, el Ejecutivo admitiera que Gallardón había “metido la pata” ya que “ha creado un problema” cuando “podría haberse puesto de perfil”. Y es que, por muy íntima que fuera su valoración, “ahora carga con el título de ministro de Justicia”. Yendo al fondo, lo que los populares ansían es que el Alto Tribunal decida ya sobre el recurso, para a renglón seguido aceptar su fallo sin miramiento.