Un alto mando policial contactó desde la sede de Canillas con el director de Seguridad de Renfe y le autorizó a disponer de los vagones del 11-M para que fueran desguazados. De hecho, la destrucción de los vagones comenzó el 15 de marzo.
Según informa El Mundo, a la empresa de ferrocarril nunca llegó una autorización del juez para destruir los trenes, ni por vía oral ni escrita. Incluso el juez del Olmo no se puso en contacto con Renfe por este motivo durante los dos años que duró la instrucción judicial de la masacre.
En este sentido, el Tribunal Supremo calificó de "sorprendente" y "apresurada" la destrucción de los vagones. Así aparece en su sentencia y añade que se "impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación".
Por ello, la juez Coro Cillán ha pedido reiteradamente a la Audiencia Nacional que confirme si existe una orden expresa del juez del Olmo. Sin embargo, a Renfe nunca llegó ninguna. Precisamente, este lunes declara como testigo el que fuera presidente de Renfe durante los atentados del 11-M, Miguel Corsini.
Fuentes de la compañía aseguraron que la prioridad de Renfe y del Ministerio de Fomento era recuperar cuanto antes la normalidad tras el atentado, y que así se lo transmitieron a los mandos policiales que participaban en las pesquisas.
El director de Seguridad de Renfe, el comisario Manuel Rodríguez Simons, recibió una llamada la tarde del 11-M de un alto mando policial que trabajaba en la investigación desde la central de Canillas autorizando a la compañía a despejar las vías y a disponer de los trenes.