La última sesión del juicio al magistrado suspendido Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel en el Tribunal Supremo ha estado este jueves protagonizada por las exposiciones de las acusaciones particulares representadas por los abogados Ignacio Peláez, José Antonio Choclán –defensor del presunto cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa- y Pablo Rodríguez Mourollo, letrado de Pablo Crespo.
Este último letrado ha comparado al juez suspendido con "una suerte de Gran Hermano" que todo lo escuchó durante la etapa en la que instruyó esta causa en la Audiencia Nacional.
Rodríguez-Mourullo, cuya conversación con su cliente fue efectivamente grabada por orden de Garzón durante la visita que realizó a su cliente el 6 de marzo de 2009 a la prisión de Soto del Real (Madrid), fue la tercera y última acusación particular en intervenir este jueves durante la que se prevé que sea la última sesión del juicio que comenzó el pasado martes contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
El letrado, que solicita que Garzón sea inhabilitado por 15 años por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, ha señalado durante su alegato que los hechos que sustentan la acusación han sido totalmente documentados y acreditados durante la vista por los agentes de Policía que testificaron en el pleno. El letrado también ha afirmado que incluso el juicio se podría haber limitado a la declaración del propio Garzón para que explicara las razones de los dos autos en los que se justificaron las intervenciones.
Considera que el derecho de defensa de su cliente "se vulneró desde el primer segundo" en el que las conversaciones fueron grabadas tras entrar en el "cubículo de metro y medio" que constituía el locutorio de la prisión. "La única manera de preservar el derecho de defensa era no escuchando", ha agregado, para subrayar que no puede entender las supuestas órdenes dadas a los policías que grababan para que preservaran dicho derecho, porque ello no era posible una vez comenzaron a escucharles.
Previamente, ha realizado su exposición el abogado José Antonio Choclán quien ha calificado de "monstruoso" que el "juez acusado y las fiscales se atribuyeran una función ilegal, no constitucionalizada, ingerirse en la relación confidencial entre abogado y cliente para escucharlo todo y erigirse en arbitro de lo que debía no permanecer en una causa".
Para Choclán no hay duda de que Garzón cometió un delito de prevaricación clamorosa ya que era consciente cuando dictó el auto de intervención de las comunicaciones que su resolución no se ajustaba a Derecho.
"El que un juez se atribuya ni más ni menos que la función de determinar el contenido esencial de defensa hace ya que exista una prevaricación judicial porque ese juez está dictando una resolución que chirría con el sistema de valores constitucionales; hace temblar los cimientos del Estado de Derecho", dice el defensor de Francisco Correa.
Por su parte, el abogado de la acusación, Ignacio Peláez, autor de la querella inicial que dio origen a la causa de las escuchas de la Gürtel, ha defendido ante el Supremo que no busca una condena "represiva" y "ejemplar" del juez Baltasar Garzón, sino la definición de unos límites que demuestren que "el fin no justifica los medios" y, en consecuencia, que los letrados puedan hablar "libremente" en prisión hasta con el más "repudiable" de sus clientes.
Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri imputado en la Gürtel, ha querido dejar claro que él presentó la querella como perjudicado del pinchazo de las comunicaciones que mantuvo en la cárcel de Soto del Real con el jefe de la trama Francisco Correa y su lugarteniente Pablo Crespo. "La querella no la pone mi representado, no la pone el Partido Popular. Este letrado no defiende a ningún miembro del PP en el proceso Gürtel", ha añadido.
Al comienzo de su intervención ante los siete magistrados del tribunal, la acusación ha reconocido que no le ha sido "grato" ni "fácil" tomar la decisión de querellarse contra el magistrado al que tuvo el "placer" de conocer en el tiempo en el que era fiscal en la Audiencia Nacional.
"Yo pido humildemente amparo al Tribunal Supremo por la vulneración del derecho a la intimidad", ha indicado, para enfatizar que su intención no se basa en amparar a los "corruptos" de la red delictiva ni en conseguir la nulidad de las escuchas para beneficiar a su representado.
"Me siento completamente vigilado. Creo que estoy en un Estado policial y me niego a vivir en un país en esta situación", ha advertido.
En su opinión, las resoluciones dictadas por Garzón en febrero y marzo de 2009 sobre la intervención de las comunicaciones tuvieron un carácter "delictivo" y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) nunca pide adoptar una medida de tal gravedad sin hacerlo por escrito.
Finalmente, el Ministerio Fiscal ha pedido la libre absolución de Garzón al entender que no cometió ninguna "ilegalidad" cuando ordenó intervenir las conversaciones de los "preos" de Gürtel. Por otro lado, los fiscales del Supremo Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero ha negado que suponga "una disfunción" el hecho de que un juez Central de Instrucción pida a la fiscal que "le eche una mano" en el expurgo de las conversaciones interceptadas.
El juicio ha quedado visto para sentencia y fuentes jurídicas han señalado que el fallo se conocerá en los próximos días.