Consciente de la importancia de sus palabras y de que de ellas depende su futuro profesional, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, suspendido de sus funciones, se ha empleado este martes a fondo en su primer juicio en el Tribunal Supremo por las escuchas del caso Gürtel.
Durante las dos horas y media que ha durado su declaración, el magistrado ha basado su defensa en cuatro ideas que ha repetido hasta la saciedad: que no intervino las conversaciones de los letrados sino la de los imputados en la trama de corrupción; que no había otra opción que la observación de las comunicaciones porque estaba en juego la evasión de capitales; que no obtuvo ningún dato con las escuchas y que no le interesaba acceder a las estrategias de defensa.
Sobre estas cuatro ideas ha girado la declaración del juez que en contra de lo esperado contestó las preguntas de todas las partes: las tres acusaciones particulares, su defensa y el fiscal. Para hacerlo, el magistrado ha tenido que quitarse la toga y las puñetas y sentarse en el banquillo de los acusados, algo que había evitado hasta última hora sentándose esta mañana en el estrado junto a su abogado Francisco Baena Bocanegra.
Intervenciones indiscriminadas
En respuesta a las preguntas de los abogados Ignacio Pélaez, José Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, Garzón ha negado que interviniese "indiscriminadamente" las conversaciones de los letrados y los principales imputados en la trama corrupta.
Asimismo, el acusado ha rechazado una y otra vez tener interés en acceder a las estrategias de defensas de los imputados a través de las escuchas en los locutorios de la cárcel de Soto del Real.
Dice que ordenó la observación de las comunicaciones personales de los internos, a instancias de la Policía Judicial, y porque se corría peligro de que desde Gürtel se cometiera un delito de blanqueo de capitales.
"Los abogados para la organización jugaban un papel básico en el blanqueo de dinero", ha subrayado Garzón, en referencia a los letrados Ramón Blanco Balín, José Antonio López Rubal y Manuel Delgado, quienes posteriormente resultaron imputados, al igual que los cabecillas de la trama "Gürtel", por delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, cohecho, asociación ilícita, falsedad tráfico de influencias. Posteriormente, todos ellos resultaron libres de imputación.
A preguntas de la acusación, ha añadido que los abogados "era parte nuclear" de la trama corrupta Gürtel. En todo momento, el juez suspendido de sus funciones ha rechazado que estas escuchas entre imputados y letrados estén permitidas en la ley exclusivamente en los supuestos de terrorismo.
El tribunal acepta algunas pruebas
En la sesión de mañana la Sala del Supremo, presidida por el magistrado JoaquÍn Jiménez, ha aceptado que testifique un funcionario de la Audiencia Nacional a favor de Garzón y que se proceda a la audición a puerta cerrada de parte de las conversaciones que fueron ordenadas interceptar por el juez Baltasar Garzón y los imputados en la prisión de Soto del Real (Madrid).
Las acusaciones particulares de los cabecillas de Gurtel, Francisco Correa, Juan Luis Ulibarri y Pablo Crespo, se opusieron a esta petición mientras el Ministerio Fiscal la avaló.
No obstante, el tribunal ha enfatizado en que sólo se escucharán las conversaciones que no afecten al derecho de defensa de los imputados en la trama corrupta y que para ello se hará una selección previa quedando fuera de ellas las comunicaciones que fueron anuladas por el propio juez de la Audiencia Nacional. El abogado Choclán protestó al aseverar que todas las conversaciones habían afectado a la estrategia de defensa de sus abogados.
Asimismo, la Sala de siete jueces que estuvo más de una hora y media deliberando sobre las cuestiones previas solicitadas por la defensa del juez estrella y concluyó que se debía rechazar la recusación de los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena –tal y como hizo ya el Supremo y el Constitucional-; los otros dos magistrados que fueron instructores de las otras causas que tiene abiertas Garzón en el Supremo: los cobros de Nueva York y la Memoria Histórica.
Por último, el tribunal señaló su incapacidad para propiciar que el juez imputado pueda recurrir ante otra instancia una posible sentencia condenatoria. La defensa de Garzón alegó indefensión al tener que ser juzgado directamente por la más alta instancia judicial ya que cuenta con la condición de aforado ante el Supremo. Un hecho que la Sala ha zanjado al decir que lo dicta así la Ley y que esa cuestión es "interesante" pero compete al Parlamento.
En este primer juicio, Garzón se enfrenta a 17 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por ordenar interceptar las conversaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en la trama Gürtel y sus letrados en la cárcel al ser el primer instructor de la causa.
De esta forma, la Policía Judicial, la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez accedieron a las estrategias de defensa de los imputados y a las confesiones que hicieron ante sus abogados. Un hecho que hizo que la instrucción de Garzón avanzara a un ritmo mucho más rápido del habitual.