"Durante los últimos treinta años, desde la transición, se ha marchado mucha gente. Han querido cambiar el mapa político haciendo un país sólo de nacionalistas. Faltan aquí más vascos que votos tiene Amaiur". Con estas palabras, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, explicaba a Libertad Digital uno de los efectos menos visibles del terrorismo de ETA.
El asesinato de casi un millar de personas, el secuestro de decenas de ciudadanos, la extorsión de miles de empresarios y profesionales liberales, los millones de euros ocasionados en destrozos materiales o la resistencia de los millares de amenazadas por ETA y su entorno han ocultado en algunas ocasiones otra realidad, la de aquellas que no podían aguantar más y han hecho las maletas después de una resistencia heroica para iniciar un destierro no deseado.
Este hecho, provocado por la presión terrorista, ante la indiferencia del nacionalismo coloquialmente llamado democrático, ha beneficio sobremanera electoralmente a los partidos que no defienden la Constitución y el Estatuto de Guernica, pues estos exiliados eran casi en su totalidad votantes de populares y socialistas vascos.
Para intentar que el terror de ETA no beneficie a los etarras electoralmente, el presidente del PP vasco anunció el pasado mes de diciembre, durante una sesión de control al lehendakari, que su partido promoverá una reforma legislativa con el objetivo de que los vascos exiliados por la amenaza terroristas puedan participar en las elecciones autonómicas vascas.
Según cálculos del propio Basagoiti, realizados comprobando la evolución poblacional vasca y del resto de territorios españoles durante los últimos treinta años en las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el número de desterrados por la acción de ETA podría rondar las 300.000 personas.
Ponencia política e iniciativa legislativa
Manos a la obra, los populares están trabajando ya en dos vías para cristalizar esta iniciativa. Por un lado, el propio presidente de los populares vascos incluirá esta cuestión en la ponencia política que está redactando junto al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y con el de Melilla, Juan José Imbroda, para su aprobación en el próximo congreso del PP, y que será presentada en próximos días.
Exactamente, en un apartado denominado 'Una sociedad en libertad en la que se fortalece la democracia para la derrota del proyecto totalitario de ETA', se recoge textualmente: "El final necesario de ETA debe conllevar la restitución de los derechos políticos de miles de vascos desterrados por las consecuencias directas e indirectas de la amenaza y extorsión etarra. Un País Vasco en libertad es una sociedad en la que puedan decidir su presente todos aquellos que se han visto obligados a dejar la tierra en la que nacieron o vivieron".
Por otro lado, el que fuera durante varias legislaturas portavoz del PP en el Parlamento vasco, Leopoldo Barreda, que desde el pasado 20 de noviembre es diputado en el Congreso, está manteniendo diversas reuniones con sus compañeros de grupo parlamentario para ver cómo y cuándo se podría registrar una iniciativa parlamentaria sobre esta cuestión en la Cámara Baja.
Asimismo, los populares vascos se han puesto ya en contacto con el nuevo Gobierno de Rajoy para intentar estudiar qué medidas podría tomar el Ejecutivo para ayudar a estos desterrados a regresar al País Vasco si así lo quisieran. Algo en lo que también trabaja el Gobierno vasco, tal y como reconoció el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, en febrero de 2011, tras haber recibido algunas peticiones de ayuda a través de la oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del propio gobierno regional.
Iniciativa "Un exiliado, un voto"
La pretensión de restaurar el derecho a voto de aquellos ciudadanos obligados a exiliarse por la presión de ETA es una antigua aspiración de los populares, que fue ideada por el exprocurador en las Juntas Generales de Álava y exsubdelegado del Gobierno en Álava durante los gobiernos de Aznar, César Velasco Arsuaga. Él fue quien entregó un primer informe con la iniciativa en 2003 al exministro de Interior y por entonces líder del PP en la Cámara vasca, Jaime Mayor Oreja, y al delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar.
Entre los trabajos de Velasco al frente de la representación del Estado en Álava figuran éxitos como conseguir que los agentes de la Ertzaintza juren o prometan acatar la Constitución en su toma de posesión, o que la Ley de Banderas deba cumplirse en los edificios públicos de la región, después de sentencias de los tribunales que han ido obligando a instituciones como la Academia de la Policía vasca, el Parlamento vasco o las Diputaciones y Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa, a colocar la bandera española junto a la europea y la vasca en el interior y exterior de las instalaciones.
En 2008, el propio César Velasco, ayudado por la Fundación DENAES, lanzó una iniciativa denominada "Un exiliado, un voto", con el objetivo de que todos los ciudadanos que así lo quisieran se uniesen a la campaña con el objetivo de solicitar al por entonces Gobierno Zapatero que se incluyese esta posibilidad en la reforma de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Una campaña a la que se sumaron rápidamente las víctimas del terrorismo y el PP vasco.
Modificar la Ley Electoral
Los populares reconocen que la recuperación del voto en las elecciones vascas de los desterrados tiene dificultades técnicas, a la hora de pasarlo del papel a la ley, pero algunos especialistas han mostrado el camino. Es el caso de Javier Tajadura Tejada, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, quien en un artículo publicado el pasado mes de diciembre en El Correo dio algunas claves importantes.
Según dijo, sería necesario modificar la Ley Electoral (LOREG) y, para ello, abogaba por un acuerdo que como mínimo incluyese a los dos principales partidos, debido a que "afecta a las reglas básicas del funcionamiento del sistema político". "La reforma legal se topa con la dificultad objetiva de precisar cuántos y quiénes fueron los que se vieron obligados a abandonar el País Vasco por presiones político-terroristas", añadía.
Para solucionar ese problema, propone establecer "unos requisitos objetivos cuyo cumplimiento supusiera el reconocimiento del derecho a ser incluido en el censo electoral" de la provincia vasca donde residía con anterioridad. Entre ellos, incluye la demostración de haber residido en el País Vasco durante un largo periodo de tiempo y "acreditar que la causa del desplazamiento no fue la mera conveniencia personal (...) sino un determinado contexto político que hacía muy difícil el ejercicio de la libertad personal".
Sobre la polémica que suscitaría la posibilidad de que el desterrado pudiese votar en las elecciones de dos comunidades autónomas en unas mismas elecciones, en su región de residencia y en el País Vasco, los populares vascos proponen que el exiliado pudiese elegir libremente en cuál de las dos desearía hacerlo.