El Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro presidida por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, percibió 34.375 euros de la Generalidad de Cataluña por prestar apoyo técnico para el desarrollo de proyectos relacionados con la cooperación sanitaria en 2005.
Un informe del Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía aportado al juez que instruye la denominada 'Operación Babel' refleja el convenio de colaboración firmado entre su socio, Diego Torres, y el Departamento de Salud de la Generalitat catalana.
El informe, incluido en el sumario de la pieza del caso Palma Arena, al que tuvo acceso Europa Press, detalla que el Gobierno catalán solicitó a su asesoría jurídica un informe sobre la propuesta del Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo. El convenio, fechado el 7 de noviembre de 2005, se enmarcó dentro del Plan director de Inmigración y Cooperación en el ámbito de la salud, un instrumento destinado a adaptar servicios de esta naturaleza al fenómeno de la inmigración y a impulsar la cooperación sanitaria.
Urdangarin y su mano derecha presentaron a Nóos como una asociación dedicada al desarrollo profesional y la promoción de organizaciones relacionadas con las "ciencias de la salud y de la vida", entre otras actividades.
Entre los objetivos que compartían Nóos y el Departamento de Salud, figuraba el hallazgo de estrategias que permitieran evaluar las políticas sanitarias, mejorar su coordinación y reducir desigualdades en "nuestra sociedad" y en los países en vías de desarrollo.
Además, coincidían en su voluntad de promover acciones formativas, de asesoramiento y estudios estratégicos vinculados a la responsabilidad social corporativa y emprendedora. A tal efecto, Nóos aseguraba contar con la experiencia necesaria en el ámbito de la consultoría, la gestión y el análisis, y disponer de profesionales "idóneos" y especializados para la prestación de estos servicios.
Así, se comprometió a colaborar en la definición de proyectos de cooperación exterior y a "ordenar la atención sanitaria individual a personas de países en vías de desarrollo con necesidades de salud urgentes o extremas y no cubiertas en su país".
Para desarrollar este tipo de proyectos, la entidad del duque de Palma se ofreció aportar un director –que dedicaría 20 horas semanales–, un codirector –con una dedicación de 40 horas a la semana– y a coordinar el equipo de trabajo.
Por su parte, el Departamento de Salud catalán contribuiría con un supervisor, el pago de 34.375 euros y todo el apoyo documental que fuese necesario. Así lo recoge el convenio vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2005, con posibilidad de ser prorrogado siempre que se formalizara por escrito.
El contrato recoge que los proyectos deberían ser entregados, al menos en catalán, de acuerdo con la ley de política lingüística y que el Ejecutivo autonómico se reservaba la decisión de incluir el logotipo de la Generalitat o del Departamento de Salud en estas actividades.