Este miércoles ha traído una muy mala noticia para el exministro de Fomento y diputado José Blanco. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido investigar su posible implicación en la 'operación Campeón', el escándalo que saltó en octubre con la publicación de la reunión en una gasolinera del todavía ministro con el empresario Jorge Dorribo.
Según fuentes jurídicas, la Sala ha admitido a trámite la causa y ha nombrado instructor al magistrado José Ramón Soriano. La decisión llega tras el informe que presentó a finales de noviembre la Fiscalía a favor de que el alto tribunal admitiera a trámite la exposición razonada elevada por la magistrada San José del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, que apreció la existencia de un posible tráfico de influencias.
El informe contenía las declaraciones prestadas desde el pasado mes de agosto por Dorribo, el propietario de la farmacéutica Nupel, en las que aseguró que Blanco había hecho gestiones para que el Ministerio de Sanidad agilizara la tramitación de varios expedientes que afectaban a su compañía.
En sus primeras declaraciones, Dorribo omitió un dato que sí incluyó en otra prestada el pasado mes de octubre: que el pasado 5 de febrero, instantes antes de verse con Blanco en una gasolinera de Guitiriz (Lugo), entregó a un primo político del ministro, Manuel Bran, un sobre con 200.000 euros en billetes de 500 y que supone que éste dio luego el dinero al titular de Fomento.
En el informe también se incluye la presunta intervención de Blanco para que un socio del anterior, el vicepresidente de Azkar, Antonio Orozco, consiguiera la licencia para construir una nave en la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat.
¿No hay caso?
Desde que se publicaran las primeras informaciones sobre el escándalo, Blanco ha insistido en su inocencia con argumentos como la desacreditación de Dorribo por estar imputado –algo a lo que se sumó el ministro de Justicia pese a que el empresario aún no está condenado- o la indefensión a la que estaba siendo sometido por las filtraciones desde el juzgado. Meses antes, él había atacado en múltiples ocasiones a Francisco Camps empleando para ello otras filtraciones, las referidas al caso Gürtel.
Las noticias sobre el escándalo sorprendieron a Blanco en plena campaña y en la recta final de su paso por el Gobierno como ministro de Fomento y portavoz. El socialista no dimitió pese a las voces que se lo pedían y tuvo que contestar a las preguntas de los periodistas desde la mesa del Consejo de Ministros. Desde allí, reiteró su inocencia, se quejó de que "muchos" le tenían "gana" y repitió hasta la saciedad que en lo suyo no había "caso".
La investigación que ahora abre el Supremo, sin embargo, demuestra que sí lo hay y le obliga a decidir si acude a declarar voluntariamente para evitar que se curse el suplicatorio al Congreso. Es lo que le corresponde como aforado, ya que su "paso atrás" en la política tras la derrota del 20-N no significó su renuncia al escaño. Ese trámite será necesario, sin embargo, si una vez prestada esa declaración el instructor acuerda no archivar la causa y decide continuar la investigación.