Los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía han remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, encargado de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE), nueva documentación relativa a modificaciones presupuestarias con destino a la partida 31L o a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con el objetivo de "desmontar la nueva trampa procesal" del PP-A al instar a la juez a solicitar esta información a la Junta relativa a la etapa en que el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, era consejero de Economía y Hacienda.
Según ha informado este miércoles en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha detallado que la Junta ha entregado en el Juzgado dos informes técnicos, uno de la Intervención General de Hacienda con fecha 19 de noviembre y otro de la Dirección General de Presupuestos con fecha 20 de diciembre, junto a 13 modificaciones presupuestarias que aprobó el Consejo de Gobierno que afectan a las consejerías de Empleo y de Innovación para aportar fondos a la Agencia IDEA, con sus 13 informes favorables de la Intervención General.
Para la titular andaluza de Presidencia, la documentación aportada "deja meridianamente al descubierto la tercera trampa procesal del PP-A para implicar al presidente" y demuestra claramente "que no hay relación alguna de Griñán con la gestión de los ERE", ya que no se puede confundir "la generación de un crédito para un programa presupuestario con la concesión de una ayuda o subvención concreta".
La consejera también ha indicado que se demuestra clarísimamente, a través de los informes técnicos y de la propia documentación presentada, que no se puede "confundir la generación de recursos presupuestarios con la gestión del gasto presupuestario", es decir, el consejero de Economía es el que eleva al Consejo de Gobierno todas las modificaciones presupuestarias de la Junta y para ello es necesario el informe favorable de la Intervención General.
Según ha precisado, eso no tiene nada que ver con el uso que los órganos gestores del gasto realizan de esos recursos presupuestarios que se obtienen a través del presupuesto inicialmente aprobado o de las modificaciones presupuestarias.
La consejera ha leído algunos párrafos que se contienen en las información que los Servicios Jurídicos de la Junta han remitido al juzgado, como el relativo a que ni el Parlamento, que es el que aprueba el presupuesto, ni la administración, que es la que realiza las bonificaciones, "pueden prever que el presupuesto aprobado o el modificado vaya a ser ejecutado a través de la realización de gastos presuntamente ilícitos, entre otras cosas, porque la competencia para la aprobación y modificación de los presupuestos está residenciada en órganos distintos a lo competente para ello".
"Ni el Parlamento ni el Consejo de Gobierno al aprobar el presupuesto o sus modificaciones pueden prever de ninguna manera que las partidas iniciales o modificadas puedan ser gastadas con fines presuntamente no lícitos, empleando procedimientos de gasto lícitos pero no previstos presuntamente para la finalidad concreta", según se recoge en la documentación leída por Moreno, donde también se añade que eso podría llevar a "la absurda situación de considerar participantes en la perpetración del delito a todo el Parlamento de Andalucía, que aprueba y conoce un presupuesto con detalle de lo que es la 31L y a qué se dirige esa partida". "Por la regla de tres que el PP intenta implicar al presidente de la Junta, se podría implicar al conjunto del Parlamento, incluida la oposición, que jamás denunció que hubiera créditos o presupuestos en la partida 31L", ha expuesto también la consejera.