Durante su intervención en el Debate de Investidura en el Congreso, el futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dedicado unas palabras a la Justicia, a la que se ha referido como "el poder que garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos". Apenas unos segundos de la casi hora y media que ha estado esbozando sus reformas más importantes al frente del próximo Ejecutivo.
En primer lugar, el líder del PP ha subrayado que "hay que recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y propiciar el respeto a su independencia e imparcialidad". Para ello, el Gobierno que presidirá Rajoy pretende llevar a cabo de forma "inmediata" –en el plazo de los próximos tres meses- el proceso de renovación del Tribunal Constitucional, donde tres de sus miembros llevan más de un año en situación de interinidad a la espera de que PP y PSOE lleguen a un acuerdo y nombren a sus sucesores y donde continúa vacante la plaza del magistrado Roberto García Calvo, fallecido en 2008.
Entre las pocas referencias que Mariano Rajoy ha hecho a la Administración de Justicia –una de las áreas peor valoradas por los ciudadanos según el CIS- han sido para anunciar que las medidas que van a acometer "persiguen tanto agilizar y mejorar su funcionamiento como reformar el recurso de amparo y el recurso previo de inconstitucionalidad".
Este último mecanismo fue derogado en 1984 por el PSOE en la Cámara Baja. El recurso previo de inconstitucionalidad establecía la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional estatutos de autonomía y leyes orgánicas de manera que se paralizaba su entrada en vigor hasta que los magistrados dieran su dictamen. Con esta herramienta se habría evitado, por ejemplo, que el Estatuto de Cataluña estuviese aplicándose durante los cuatro años que tardó el TC en resolver el recurso presentado por el PP.
Pese al propósito mostrado por Rajoy para mejorar la independencia del Poder Judicial, el presidente del Gobierno electo no ha dedicado ni un segundo de los 83 minutos que ha estado hablando desde la tribuna de oradores del Congreso a mencionar la reforma en el sistema de elección de los vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este último extremo era una de las doce medidas que el PP llevaba en su programa electoral de las pasadas elecciones donde se pretende que los miembros del Consejo sean elegidos por los propios jueces y no por el Congreso y el Senado como ocurre actualmente.
El hecho de que los miembros del órgano de gobierno de los jueces estén elegidos por la propia Carrera Judicial, en razón a sus méritos y capacidades, es una garantía para que los vocales no sigan directrices políticas a la hora de adoptar decisiones.