Comienzan las consecuencias de las informaciones que durante esta semana ha ido desvelando sobre la falsedad de las pruebas que sirvieron para imponer 40.000 años de cárcel a Zougam por la masacre del 11-M.
Después de conocer que dos de las testigos clave mintieron e inventaron hechos sobre lo que ocurrió aquél día de marzo, los abogados del marroquí Jamal Zougam anuncian en El Mundo que se querellarán contra ellas por falso testimonio. Los letrados Eduardo García Peña y Francisco Andújar aseguran que estas informaciones "viene a confirmar lo que nosotros ya intuíamos desde la sentencia y es que las dos testigos principales en las que se basó la condena de Jamal Zougam, la C-65 y la J-70, mintieron".
El procedimiento escogido para demostrar que ambas testigos mintieron es el de querellarse contra ellas por falso testimonio para poder lograr una revisión de la condena a Zougam, presentando un recurso ante el Supremo: "pero tiene que basarse en una sentencia previa de falso testimonio" explican los abogados.
Además, explican que siempre tuvieron tanto la "convicción moral" de que su cliente era inocente, y siempre consideraron insuficientes las pruebas para condenarle. Pero estas informaciones les ha proporcionado la explicación del porqué las testigos mentían. "Desde el primer momento tuvimos calro que las dos testigos mentían, lo que no sabíamos era el motivo por el que mentían ni que la mentira era consciente", añaden. Sin embargo, ahora ha quedado probado que "existían un motivo económico y para obtener beneficios, en cuanto a permisos de trabajo y residencia en nuestro país".
Tanto García Peña como Andújar consideran "imposible" que el juez deniegue la admisión a trámite de la querella, aunque señalan que el riesgo es que el delito de falso testimonio prescriba. "Prescribiría en marzo de 2012" por lo que la "querella la presentaremos a más tardar la semana que viene", anuncian. Además de la querella, emprenderán un procedimiento simultáneo en el Tribunal de Estrasburgo, informando sobre estas nuevas revelaciones.
Además, recuerdan la relevancia de las informaciones que destapan las mentiras de las testigos, ya que a Zougam "se le condena prácticamente en virtud de los reconocimientos que hacen la C-65 y la J-70, que afirman haberle visto en el tren que explotó en Santa Eugenia. Esa es prácticamente la única prueba, si se pone en entredicho, toda la condena se viene abajo". El testimonio del testigo R-10 no tiene tanta trascendencia, porque, tal y como evidencian: "es un testigo que no compareció en el juicio y que, si bien es verdad que en fase de instrucción, en rueda de reconocimiento identificó a Jamal Zougam, lo cierto es que esa rueda no fue incorporada al juicio oral, ante la Audiencia Nacional, y por tanto no fue sometida al principio de contradicción".
Por otro lado, ambos abogados consideran que de la querella que presentarán subyace una acusación hacia el sistema judicial, ya que "pra nosotros la condena a Zougam es el error judicial más grave de toda la historia española". Añaden que "se ha condenando como autor del mayor atentado que ha habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial a una persona que es absolutamente inocente y que no tiene nada que ver con los hechos". Los letrados centran el quid de la cuestión en que "lo que planteamos no es que haya pruebas para condenarle. Eso ya se planteó en el juicio. Lo que planteamos es que las pruebas que utilizó el tribunal para condenarle eran pruebas falsas y alguien engañó al tribunal".
Eduardo García Peña y Francisco Andújar no representaron a Zougam en el juicio del 11-M, sino que defendían a otros procesados, motivo por el cual son testigos de excepción de las debilidades del proceso. Aseguran que varias cosas les llamaron la atención: "Por un lado, ninguno de los abogados que participaban como defensas en aquel juicio, incluso el que era abogado de Jamal Zougam, interrogó debidamente a los testigos. En segundo lugar, nos llamó la atención el excesivo celo y protección que hubo por parte del tribunal hacia las dos testigos desde el momento que se subieron al estrado". Los abogados aseguran que "no solament e no facilitó, sino que impidió que se pudiera hacer un interrogatorio en condiciones". García Peña y Andújar concluyen que hubo un "exceso de protección hacia los dos testigos que impidió que se pudieran formular las preguntas debidas y, por tanto, impidió que la verdad pudiera salir a la luz".