Chaves se quejó de que el jefe de la Udyco indagaba "en exceso" a su hijo

Apenas han pasado 48 horas de la destitución del Inspector Jefe de la Policía Nacional, José Carlos Castillo, en funciones de Comisario en Écija, por publicar en su blog imágenes inapropiadas que relacionaban Hitler y Rajoy, además de otras lindezas como ya se ha publicado en Libertad Digital, cuando se ha sabido que también fue destituido, algo antes pero en el más absoluto silencio, el comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) en Sevilla, Francisco Rodríguez Borja. Según fuentes policiales consultadas por Libertad Digital, el alto cargo policial habría sido destituido de manera fulminante por haber indagado "en exceso" en el caso de la desaparición de documentos del despacho de Iván Chaves, que denunció él mismo. Pero además, investigaba el caso de Bahía Competitiva, en el que empresarios gallegos se llevaron 14 millones de euros de la Junta de Andalucía sin cumplir sus objetivos de empleo. En este caso, según las fuentes, aparece un altísimo cargo del PSOE. 

Francisco Rodríguez Borja accedió al cargo a finales del año 2009 después del escándalo por el robo de 154 kilogramos de cocaína y heroína de los depósitos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, caso que terminó con la imputación del exagente de la Udyco Lars S.M. Fuentes policiales informaron a Europa Press que fue en la mañana del pasado lunes cuando se ha comunicado al inspector jefe que pasa a ser responsable de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR) del Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla, dedicada a actuar en puntos 'negros' y conflictivos de la ciudad al objeto de garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, LD ha podido contrastar que el cese tuvo lugar al menos la semana anterior.

La explicación dada por las fuentes a LD indica que Antonio Jesús Figal, actual jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, decidió la destitución de Rodríguez Borja tras haber tenido quejas del entorno de Manuel Chaves sobre la investigación que se estaba realizando sobre la denuncia efectuada por su hijo, relativa a la desaparición de determinados documentos de su despacho. Al parecer, cuando se preguntaba por el contenido de determinados documentos se encontraban con un nerviosismo impropio de quien ha denunciado su desaparición. 

Hay que recordar que Iván Chaves Iborra estaba en el centro de la investigación del ahora ex responsable de la UDyCO porque uno de sus grupos trataba de aclarar el supuesto robo de documentos del vástago del vicepresidente muy comprometedores, ya que evidenciaban su papel como intermediario entre numerosas empresas y la Junta de Andalucía.

De acuerdo con estos documentos, Iván Chaves cobró cuantiosas cantidades de dinero de estas empresas que, a su vez, obtuvieron jugosos contratos de la Administración andaluza. Chaves Iborra denunció la sustracción de una serie de contratos privados, además de su agenda personal, que ponían de manifiesto su papel como comisionista a la sombra de la figura de su padre. Chaves llegó a presentar a su hijo a alguno de los empresarios con los que luego trabajó.

Un alto cargo socialista desconocido aún aparece en la Operación Bahía Competitiva

También la UDyCO estaba investigando la operación Bahía Competitiva. Se trata de un fraude colosal ocurrido en un plan promovido por la Diputación de Cádiz, entonces en manos del PSOE, que recibió para ello ayuda del Ministerio de Industria y de la Junta de Andalucía. Al frente de dicho plan estaba el histórico socialista gaditano y miembro relevante del clan de Alcalá, Antonio Perales Pizarro, hermano del que fuera miembro de la Comisión Ejecutiva de José Luis Rodríguez Zapatero y ya fallecido, Alfonso Perales. El plan inyectó más de 414 millones de euros en la provincia gaditana para regenerar zonas deprimidas por la crisis industrial. El fraude afectaba a unos empresarios de origen gallego que se llevaron 14 millones de euros, que se los concedió Perales, sin tener idoneidad, ni cumplir nada, lo que provocó la destitución de Perales.

La Udyco detuvo a tres personas, entre ellas un empresario gallego que recibió más de 14 millones de euros, e imputó a nueve personas más. La investigación, todavía activa, no descartaba nuevos arrestos que podrían salpicar a destacados miembros del PSOE andaluz. Estas fuentes apuntaron que en esta investigación aparecían nombres del entorno del que fuera presidente de la Junta. Es más, según las fuentes policiales, en el caso aparecía el nombre de un muy alto cargo del PSOE, cuyo nombre no se ha desvelado, pero que podría constituir otro escándalo mayúsculo. LD considera que ese nombre tiene que ver con otras investigaciones de Rodríguez Borja, no las relativas a la de Bahía Competitiva.

El caso Bahía Competitiva

Puede parecer imposible o, cuando menos, increíble. Lo cierto es que el Ministerio de Industria del gobierno de España había perdido el rastro de tres empresas a las que concedió 14,5 millones de euros para contribuir a la industrialización de la provincia de Cádiz y que no cumplieron los proyectos previstos. Cuando decidió reclamar la devolución de la subvención, se encontró con que las tres empresas, que tienen socios y representantes comunes, han cambiado sus representantes ante el Ministerio. Por ello, tuvo que utilizar el BOE para buscarlos. Como lo leen. 

Las tres empresas son Cádiz Solar Center, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales y deben proceder al reintegro de las ayudas recibidas y que, en total, suman 14,5 millones de euros, nada menos que casi 23.000 millones de pesetas.

Vea el BOE en el que se confiesa la pérdida de las pistas: 

Se dice textualmente en el BOE que "habiéndose intentado las notificaciones a las direcciones postales o electrónicas señaladas a efectos de notificación y no habiéndose podido practicar las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto, por el presente anuncio, la Subdirección General de Programas Estratégicos notifica, a los interesados que se relacionan, los actos administrativos firmados por el director general de Industria, que inician el procedimiento de reintegro".

A los tres negocios se les concede trámite de audiencia para que en el plazo de 15 días puedan presentarse alegaciones.

Sólo hace 8 meses de la convocatoria de la concesión de las subvenciones, 23 de octubre, y ya se les ha perdido la pista Las ayudas fueron concedidas y publicadas en el BOE el pasado 20 de noviembre de 2010.

Cádiz Solar Center iba a hacer una nueva planta de producción de acumuladores hipereficientes para estabilizar la producción de energías renovables, por lo que recibió un anticipo de 3,5 millones de euros, y la idea era montar este proyecto en las antiguas instalaciones de Delphi.

Aquandalucía, constituida un año antes, iba a instalar una nueva planta industrial para revalorizar productos excedentes del sector pesquero.

La tercera empresa, Soluciones Tecnológicas Ambientales S.L,recibió una ayuda de 2,4 millones para la creación de un nuevo centro productivo de fabricación de equipos de sistemas de monitorización remota de la calidad de las aguas.

Curiosamente, todas ellas han cambiado sus órganos administradores poco antes de que se tomara esta decisión por parte del Ministerio. Sin embargo, un rastreo básico deja constancia de la existencia de Administradores comunes entre todas estas compañías. Por ejemplo, Cádiz Solar Center tenía dos administradores solidarios: Juan de Arespacochaga y Alberto Domínguez Royo. El pasado 24 de mayo, ambos son cesados y es nombrado un nuevo administrador único: Agustín Bobo de Vega.

Aquandalucía tenía un socio único, Manuel Alejandro Dávila Ouviña y, poco después, fue nombrada apoderada Ana Isabel Fuentes Mateo. En diciembre se nombró una nueva apoderada del negocio, M. V. B. V. Poco después, su administrador único, Dávila Ouviña fue sustituido por Agustín Bobo de Vega, el mismo que tomó las riendas de Cádiz Solar Center.

Soluciones Tecnológicas Ambientales S.L, tenía un administrador único, Manuel Alejandro Dávila Ouviña. el mismo que Aquandalucía; y una apoderada, Ana Isabel Fuentes Mateo, también apoderada de Aquandalucía. El pasado 12 de mayo (coincide con el de las dos empresas anteriores), se nombra un nuevo administrador único: Juan de Arespacochaga y Fernando Alcalá del Olmo.

El papel de Antonio Perales, del clan de Alcalá

Antonio Perales Pizarro, hermano del que fue factotum del clan socialista de Alcalá de los Gazules, Alfonso Perales, ya fallecido, y primo hermano del que fuera vicesecretario general del PSOE andaluz, ex consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y actual jefe del clan de Alcalá, Luis Pizarro Medina, ha reconocido que fue él mismo quien estableció relaciones con los empresarios subvencionados con 14,5 millones de euros por el Ministerio de Industria y Energía y que ahora nadie encuentra. Perales, ya ex gerente del Plan Bahía Competitiva, reconoció que se la han "dado con queso", pero no presentó su dimisión. El propio Perales reconoció que no ha podido contactar con los empresarios agraciados por sus gestiones. Pero lo que no dijo Perales es quien fue el alto cargo socialista que busca la Policía que está implicado de algún modo en el caso. 

El caso es que el Ministerio de Industria entregó casi 2.500 millones de pesetas a unos empresarios insolventes gracias a la mediación de Antonio Perales y que el dinero no se ha empleado en los fines previstos y no parece factible recuperarlo.