El Tribunal Supremo ha retrasado al 17 de enero del próximo año el juicio que tenía previsto comenzar el próximo día 29 contra el juez Baltasar Garzón por autorizar la intervención de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la 'trama Gürtel' con sus abogados en prisión, "ante la imposibilidad" de celebrar la vista en fecha por las recusaciones presentadas contra seis de los siete magistrados que componen la Sala.
Así lo señala una providencia dictada este viernes por el alto tribunal en la que se justifica el retraso en la reciente presentación por parte del juez suspendido de la Audiencia Nacional de un incidente de recusación contra el sexto de los magistrados que deben juzgarle, Manuel Marchena, que viene a sumarse a las que ya se venían tramitando contra otros cinco miembros del tribunal.
En una segunda providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala tiene por ampliada la recusación inicial y da traslado a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que en el plazo de tres días manifiesten si se adhieren o se oponen a los motivos alegados por la defensa de Garzón para apartar a Marchena de la causa.
Garzón le acusa de falta de imparcialidad objetiva por coincidir su presencia en este tribunal con su condición de instructor de la causa en la que se investigan los cobros que el juez de la Audiencia Nacional percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
Además, y con el fin de tramitar conjuntamente todas las recusaciones, el Supremo suspende el trámite que se estaba realizando en estos momentos respecto de las primeras (traslado a los propios magistrados recusados para que informen si se apartan o bien rechazan la petición), hasta que la tramitación de la ampliación del incidente presentado contra Marchena "llegue al mismo estado procesal".
En el escrito remitido el pasado lunes a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la defensa de Garzón califica de caso extraordinario -al menos en la historia judicial española- "que ante un mismo tribunal se sigan al mismo tiempo simultáneamente y no sucesivamente tres causas contra el mismo aforado por el mismo delito de prevaricación", y añade que "no menos extraordinario se ofrece que un mismo juez y respecto de estas tres causas, pueda ser instructor de una de ellas y al mismo tiempo (...) forme parte del tribunal que ha de enjuiciar al mismo aforado en otra de dichas causas".
Esta recusación se suma a la que ya se tramita contra el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano, José Manuel Maza y Perfecto Andrés. Baena Bocanegra argumenta que todos ellos están "contaminados" porque han participado en la instrucción del caso rechazando los recursos por él presentados.
La semana pasada, la Fiscalía del Tribunal Supremo informó a favor de la petición del juez Baltasar Garzón para apartar de la causa a los cinco de los siete magistrados que el próximo 29 de noviembre tenían incialmente que juzgarle por autorizar la intervención de las conversaciones de la 'Gürtel'.
Según el Ministerio Público deben estimarse, sobre bases objetivas, "las sospechas o recelos que el recusante manifiesta en su escrito de recusación" respecto de la existencia de una falta de imparcialidad objetiva de los cinco magistrados para enjuiciarle.
Garzón ya logró el pasado mes de junio que se apartara de la causa a los siete magistrados inicialmente designados para juzgarle por un supuesto delito de prevaricación que habría cometido al investigar sin competencia los crímenes y desapariciones del franquismo. En este caso, las recusaciones tardaron 6 meses en tramitarse.
La fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce solicita la absolución de Garzón por el tema de las escuchas a la 'Gürtel', mientras que las acusaciones ejercidas por el abogado Ignacio Peláez y los imputados en 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo consideran que ha incurrido en prevaricación y en un delito contra las garantías constitucionales, por lo que piden que sea inhabilitado.
El abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri en el 'caso Gürtel' y fue el autor de la querella inicial contra Garzón, pide 10 años de inhabilitación para el juez. Peláez ya ha presentado escrito rechazando los motivos de recusación.
Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de prevaricación judicial continuada, por el que pide que pague una multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años por un delito contra las garantías constitucionales.