El titular del juzgado de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dejado este miércoles en libertad con cargos a los tres miembros de la plataforma Mugitu!, Julio Martín Villanueva, Gorka Ovejero Gamboa e Ibon García, que propinaron varios tartazos a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en un acto que tuvo lugar el pasado 27 de octubre en Toulouse (Francia).
Los acusados, que han acudido esta mañana a la Audiencia Nacional, se han acogido a su derecho a no declarar.
Según señala Pedraz en el auto donde los deja en libertad, el citado día Barcina "se encontraba presidiendo el 29 Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, sobre las 16:30 horas, se acercó a la misma Gorka Ovejero, quien portaba oculta en una carpeta una tarta y sacándola de forma sorpresiva se abalanzó por delante sobre la Presidenta estampando la tarta en su cabeza. Inmediatamente después, y mientras la citada se encontraba aturdida como consecuencia del impacto, se acercaron por la espalda sucesivamente Julio Martín e Ibón García estampándola respectivamente cada uno una tarta en la cabeza".
Por estos hechos, el magistrado Pedraz les atribuye un delito contra la autoridad penado con entre cuatro y seis años de cárcel. En el caso de Gorka Ovejero, teniente alcalde del Ayuntamiento de Arruazu, el juez le imputa el agravante de ser un delito contra la autoridad cometido presuntamente por otro miembro de su misma condición. Por esta razón, para Ovejero la condena puede alcanzar hasta 9 años de cárcel atendiendo al artículo 552.2 del Código Penal.
Asimismo, el juez les impone –a instancias del Ministerio Fiscal- diversas medidas cautelares como la prohibición de abandonar el territorio español, la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer en los juzgados y de comunicar un domicilio permanente para garantizar su localización.
Por su parte, el abogado de los imputados, Gonzalo Boye, ha explicado a la salida de la Audiencia Nacional que sus representados "han sido citados a declarar en Francia" en un procedimiento en el que se les imputan "una falta de violencia voluntaria y otra de daños a bienes", castigadas con multa.
Según la defensa, "hay una desproporción en la acusación, se les acusa de un delito cuando debería ser una falta", no siendo la investigación de los hechos competencia de la Audiencia.
El juez ha dado diez días a las partes para soliciten si lo consideran oportuno la apertura de juicio oral.