Mariano Rajoy acabó con el último gran topicazo de sus rivales en las urnas; el de que no tiene una hoja de ruta a ejecutar una vez suba las escalinatas de La Moncloa como presidente, o que sí la tiene, pero que la oculta porque daña la base de bienestar social de los españoles. Sin embargo, en la víspera de la campaña electoral y a una veintena de días para la cita con las urnas, el PP enseñó las entrañas de su programa de recuperación nacional.
Propuestas generales, pero también concretas, para acabar con “el drama” que atraviesa el país. Y una obsesión: la creación de empleo y el crecimiento económico, primera base para que la España “de la Transición y de la revolución de 1996” vuelva a despertar. Todo lo demás, el resto de asuntos “importantes” pero no “decisivos”, también queda escrito en los papeles de Rajoy, pero no forma parte del núcleo duro.
No es que el PP deje de asumir “la tradición del liberalismo español surgida de la Constitución de Cádiz”, como reza el programa con el que Rajoy se presentó en 2008. No es que no se sigan definiendo como “una formación política de centro” que defienda “los valores de la libertad, la igualdad, la concordia y la justicia”. Es que “lo primero hoy es la economía, y después el resto”. Pero, dicho esto, Rajoy tranquiliza a su base electoral con un plan que toca absolutamente todos los palos.
Plan económico
A lo que se compromete el candidato popular es a ofrecer el día después de las elecciones un proyecto “completo y coherente” de reformas estructurales para estabilidad presupuestaria, el saneamiento del sector financiero, la liberalización de la economía, la reforma laboral y el impulso de la competitividad.
Son generalidades, sí, habida cuenta del cambiante contexto económico, pero también un claro sendero de acción. El objetivo: proporcionar un marco “de claridad y certidumbre con objetivos, medios y acciones que permita el éxito de España en el euro”.
Así pues, y yendo a lo concreto, Rajoy se compromete a:
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Fijaremos un marco legal e institucional específico para garantizar la unidad del mercado que establezca sus principios rectores, ámbitos de aplicación y los mecanismos interterritoriales de solución de conflictos para asegurar la libertad económica, fomentar la competencia y garantizar la igualdad en el acceso a los bienes y servicios en toda España.
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Desarrollaremos un plan general de marca España que ponga al servicio de los exportadores e inversores la imagen de un país de excelencia en todos los ámbitos.
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Promoveremos una nueva ley orgánica de estabilidad presupuestaria para el desarrollo de la reciente reforma constitucional.
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Estableceremos en la ley los mecanismos de participación del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
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Precisaremos los procedimientos de distribución de los límites de déficit y deuda entre las distintas administraciones, los supuestos excepcionales, la forma y plazo de corrección de las desviaciones, y las responsabilidades derivadas de sus incumplimientos.
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Llevaremos a cabo un plan de austeridad que comprometerá al conjunto de las administraciones, eliminará gastos superfluos y duplicidades, e introducirá incentivos a la eficiencia.
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Racionalizaremos y, eventualmente, suprimiremos aquellos organismos, entes públicos y entidades instrumentales cuyas funciones pueda asumir la administración sin perjuicio de la labor que desarrollen.
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Fomentaremos una política integral de gestión del patrimonio inmobiliario y los alquileres de todas las administraciones.
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Reforzaremos las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos que incumplan las reglas de estabilidad presupuestaria.
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Potenciaremos el desarrollo de los mecanismos no bancarios de financiación empresarial.
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Impulsaremos el desarrollo de los mercados de capitales a través de la modernización y mayor eficiencia de sus infraestructuras y del fomento del ahorro a largo plazo y provisional.
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Fomentaremos el desarrollo de los mecanismos de participación en el capital empresarial como business angels, capital semilla o private equity.
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Simplificaremos la tipología de contratos laborales para reducir la temporalidad y dar expectativas de estabilidad, flexibilidad y seguridad a todos los trabajadores y empresas.
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Reformaremos la estructura y contenidos de la negociación colectiva. Tendrán prevalencia en cuestiones salariales y condiciones de trabajo los convenios o acuerdos de empresa que pacten los empresarios y los trabajadores.
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Modificaremos, de acuerdo con la normativa europea, el régimen del IVA para que autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas correspondientes. Articularemos un mecanismo ágil y efectivo para compensar las deudas tributarias de pymes y autónomos con las cantidades que tengan reconocidas y pendientes de cobro por parte de la misma administración.
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Impulsaremos una nueva ley para el apoyo a los emprendedores que favorezca las nuevas iniciativas empresariales y el desarrollo de la actividad de pymes y autónomos.
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Aprobaremos un apoyo fiscal, por importe de 3.000 euros, por la contratación del primer trabajador que no tenga la condición de socio de una empresa de nueva creación.
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Bonificaremos las cotizaciones sociales para los autónomos empresarios que contraten su primer trabajador no socio.
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Modernizaremos el impuesto sobre la renta con el objetivo de favorecer el ahorro, la inversión y el empleo.
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Fomentaremos fiscalmente el ahorro a largo plazo mediante la creación de una nueva deducción en el IRPF por el incremento anual del ahorro, que incluya la adquisición de vivienda habitual.
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Mejoraremos la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones.
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Elevaremos los mínimos familiares en el IRPF adaptándolos mejor a las circunstancias de los contribuyentes, especialmente en relación con las familias numerosas.
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En el impuesto de sociedades generalizaremos la aplicación a las empresas de reducida dimensión el tipo impositivo del 20 por ciento; extenderemos el ámbito de aplicación del tipo del 25 por ciento. Simplificaremos el sistema de deducciones.
En el capítulo energético, Rajoy no se decanta por defender la solución nuclear, como planteó la Fundación FAES y se queda en apostar por un “un mix energético equilibrado que tome en consideración todas las fuentes de energía existentes y las capacidades disponibles”.
El plan de medidas concretas continúa, afectando a las áreas de propiedad intelectual, nuevas tecnologías, infraestructuras o política de vivienda:
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Actualizaremos la estructura de incentivos fiscales que potencien la inversión en I+D empresarial, con atención preferente a las empresas emergentes, las pymes innovadoras y los sectores prioritarios como salud, energía y transporte, conforme a las mejores prácticas europeas.
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Impulsaremos el mecenazgo.
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Reforzaremos el marco legal para la protección de la propiedad intelectual e industrial.
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Suprimiremos el canon digital y lo sustituiremos por nuevos modelos de gestión y retribución de la propiedad intelectual más justos y equitativos, basados en el uso efectivo de las obras.
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En infraestructuras, fomentar que los puertos españoles se conviertan en verdaderos centros logísticos intermodales de proyección internacional. Promoveremos el desarrollo de una red de Alta Velocidad moderna, sostenible y eficiente, y favoreceremos su conexión con la red aeroportuaria.
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Vivienda: aplicaremos a la compraventa de viviendas habituales, de forma transitoria, el IVA superreducido. Actualizaremos la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF. Reformaremos la ley concursal. Promoveremos que los planes de vivienda en alquiler se concentren en aquellos que tienen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.
En este macro-plan económico, el PP dedica un punto a España como potencia turística mundial. De ahí que anuncie un plan integral, en colaboración con comunidades autónomas y la participación del sector privado. En cuanto al sector agroalimentario, Rajoy elaborará “una estrategia nacional para la aplicación y defensa “ de la nueva PAC. También incluye paquetes de medidas sobre la pesca y la industria, muy perjudicadas en los últimos cuatro años.
Plan educativo
Mariano Rajoy no se cansa de repetir que la base es la educación, y de ahí que otro de los puntos cardinales de su Programa vaya en este sentido. Sus propuestas recuerdan mucho a las ya planteadas por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid:
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Un nuevo modelo de selección y formación de carácter nacional para el acceso a la profesión docente, que atraiga a los mejores expedientes académicos y tenga como criterios de selección el mérito y la capacidad.
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Promoveremos el reconocimiento por ley del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de su actividad e impulsaremos la introducción de incentivos a su labor.
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Promoveremos el bilingüismo español-inglés en todo el sistema educativo desde el segundo ciclo de educación Infantil. Reforzaremos la enseñanza de un segundo idioma extranjero.
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Impulsaremos la opción de una educación trilingüe en las comunidades autónomas con lengua cooficial, hasta el final del bachillerato.
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Impulsaremos un sistema de becas que potencie la excelencia y la igualdad de oportunidades en los estudios universitarios.
Bienestar social
Se está demostrando que es la principal arma de batalla del PSOE: que viene el lobo (la derecha) a recortar bienestar social. El PP desmonta esta teoría:
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Fortaleceremos la lucha contra los delitos en internet, con especial atención a la protección de la infancia.
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Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad.
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Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores.
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Adoptaremos todas aquellas medidas que garanticen el acceso universal a unas prestaciones de calidad. Estableceremos una cartera de servicios, básica y común, en el sistema nacional de salud.
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Impulsaremos la tarjeta sanitaria, la historia clínica electrónica y la receta electrónica única, compartida e interoperable para que toda la información disponible del paciente pueda estar accesible en cualquier centro sanitario de España.
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Un estatuto de las personas mayores donde se establecerán principios como la no discriminación.
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El Partido Popular está comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Fomentaremos que se pueda cobrar parcialmente la pensión y continuar trabajando de forma efectiva.
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Aprobaremos un plan integral de apoyo a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de hombres y mujeres.
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Favoreceremos una inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo, acabando con las regularizaciones masivas.
Política institucional
La política 100% ocupa la parte final del avance del Programa Electoral. Sobre la importancia de la transparencia, anuncia una que “homogeneizaremos la fijación de las retribuciones de los cargos electos locales”, evitando así los salarios desorbitados que aún hoy tienen algunos cargos. Todo, bajo el paraguas de la austeridad: “Reduciremos el número de altos cargos, personal eventual y los gastos corrientes. Haremos un uso más eficiente de los coches oficiales”.
Además, en este marco, el PP plantea otro aluvión de medidas concretas:
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Impulsaremos un catálogo básico nacional de servicios públicos esenciales para garantizar la igualdad de todos los españoles.
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Reduciremos el número de entes y organismos del sector público para asegurar una gestión más transparente y eficiente.
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Delimitaremos con mayor precisión el marco competencial de cada una de las administraciones, evitando los solapamientos innecesarios, la proliferación de estructuras burocráticas y el aumento excesivo del personal al servicio de las administraciones.
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Ayuntamientos: aprobaremos una nueva ley básica del gobierno y administración local.
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Fomentaremos la agrupación voluntaria de municipios teniendo en cuenta la apacidad organizativa y financiera, para una prestación óptima de los servicios.
En el punto de la regeneración “política e institucional”, dentro de una “democracia ejemplar”, el PP se define como partido: “Promoveremos, con sincera actitud de diálogo, todas las acciones y acuerdos políticos que favorezcan el entendimiento y la concordia entre todos los españoles en torno a los valores constitucionales”.
Reforma total del sistema judicial
Lo que planteá Rajoy en su Programa Electoral en clave judicial es una auténtica revolución, según los expertos:
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Un cambio de modelo de la oficina judicial, que la haga eficaz, accesible y transparente para el justiciables.
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Impulsaremos una agencia que articule un sistema informático único y permita el conocimiento inmediato en red de los datos judiciales y de los que constan en los registros públicos relacionados con la administración de justicia.
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Reformaremos el sistema de penas del Código Penal, introduciendo la pena de prisión permanente revisable, la posibilidad de aplicación de medidas de seguridad postpenales, el cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas, y una nueva regulación de la multirreincidencia.
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Fortaleceremos la función casacional del Tribunal Supremo.
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Modificaremos el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional de modo que se eviten dilaciones indebidas.
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Estableceremos el recurso previo de inconstitucionalidad en la tramitación de las reformas de los Estatutos de autonomía. Atribuiremos a la jurisdicción ordinaria el amparo para garantizar los derechos fundamentales, reservando al Tribunal Constitucional el ejercicio de su competencia en los supuestos de interés constitucional de acuerdo con lo que disponga la ley.
La política antiterrorista
El capítulo sobre la lucha contra ETA queda excluido a un pequeño apartado, dentro de otro más grande. Son apenas dos líneas, mientras que en la anterior legislatura ocupaba el argumentario principal. Pero, sin embargo, dejan clara una idea fundamental: “No negociaremos con terroristas ni por la presión de la violencia ni por el anuncio de su cese”. “Éste será un principio básico de la política de seguridad del Estado”, solemniza Rajoy, que -eso sí- rehúsa avanzar cómo trabajará contra la banda terrorista, si bien públicamente afirmó que será “con el estado de Derecho”.
Además, y no menos importante, el candidato a La Moncloa asegura que “promoveremos el reconocimiento y la memoria de las víctimas, y apoyaremos las iniciativas de la sociedad civil en este sentido”. Excluye de este compromiso “la justicia” que en la víspera reclamaron las víctimas del terrorismo en la masiva concentración de Madrid, y en la que exigieron vencedores y vencidos y que no se reescriba la historia.
Política exterior
El líder de los populares tiene como otro de sus objetivos fundamentales relanzar la marca España. Estas son algunas de las claves de su plan:
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Propugnaremos la estricta observancia del pacto de estabilidad y crecimiento en la gobernanza económica europea.
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Defenderemos una Política Agrícola Común fuerte, dotada de medios suficientes para nuestro sector agrícola y ganadero.
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Agilizaremos, en colaboración con las comunidades autónomas, los trámites de retorno a España de aquellos españoles en el exterior que quieran hacerlo, suministrando información, acceso a ayudas y abreviando los procedimientos administrativos necesarios.
Este es sólo un avance -de hecho, el PP sólo ha distribuido diez folios de unos cuatrocientos que conforman el documento final- pero que da buen ejemplo de lo que pretende hacer Rajoy una vez se siente en el despacho del presidente. Se incluye como último punto la revisión de la Ley de la carrera militar. A partir de hoy ya no hay cabida para los topicazos de si tiene o no tiene proyecto, sin para el debate sobre las medidas. Dentro de una semana tendrá su cara a cara televisivo con Alfredo Pérez Rubalcaba.
Tras el 20-N el trabajo de Rajoy será otro; el de intentar aunar al mayor número de fuerzas políticas alrededor de este proyecto de recuperación. De ahí que, casi todo lo presentado, podría ser asumido por cualquier partido que “quiera, de verdad, que España salga de la crisis”.