El Partido Popular plantea una auténtica revolución del sistema judicial actual si gana las elecciones generales del veinte de noviembre. Es, de hecho, uno de los puntos de su Programa Electoral en el que se plantean las medidas más concretas, avanzadas -por otro lado- en la Convención Nacional que recientemente la formación celebró en Málaga.
Bajo la tutela de Federico Trillo, los populares cumplen con la totalidad de sus promesas electorales sobre la Justicia, y si las ejecutan se estaría hablando de un saneamiento de los grandes tribunales españoles, actualmente manchados por la influencia política.
Además de un cambio de modelo de la oficina judicial, que la haga eficaz, accesible y transparente para el justiciables, y de impulsar una agencia que articule un sistema informático único y permita el conocimiento inmediato en red de los datos judiciales y de los que constan en los registros públicos relacionados con la administración de justicia, el PP se mete de lleno en asuntos que afectan al conjunto nacional:
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Reformaremos el sistema de penas del Código Penal, introduciendo la pena de prisión permanente revisable (que es, de facto, la cadena perpetua), la posibilidad de aplicación de medidas de seguridad postpenales, el cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas, y una nueva regulación de la multirreincidencia.
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Fortaleceremos la función casacional del Tribunal Supremo.
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Modificaremos el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional de modo que se eviten dilaciones indebidas.
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Estableceremos el recurso previo de inconstitucionalidad en la tramitación de las reformas de los Estatutos de autonomía. Atribuiremos a la jurisdicción ordinaria el amparo para garantizar los derechos fundamentales, reservando al Tribunal Constitucional el ejercicio de su competencia en los supuestos de interés constitucional de acuerdo con lo que disponga la ley.
Lo que no ha explicado aún el PP es cómo pretende llevar acabo esta revolución, si bien asegura que lo hará en los próximos días, antes de que arranque oficialmente la campaña electoral.