La Fiscalía Anticorrupción exige ahora la devolución del dinero de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción quiere, por fin, que el dinero cobrado fraudulentamente por los intrusos (prejubilados que no trabajaron en las empresas en las que aparecían) y "conseguidores" sea devuelto a la caja pública. Por ello, estos fondos (unos 10 millones de euros, según cifró la Junta) deberán ser devueltos al Gobierno andaluz. Para conseguirlo, la Fiscalía ha pedido a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que imponga una fianza o embargue los bienes de los intrusos. En un escrito, la fiscalía pide a la magistrada "la inmediata adopción de medidas cautelares de aseguramiento de las posibles responsabilidades civiles y pecuniarias de las personas imputadas". Lo cuentan todos los periódicos. Como cuentan que el PSOE, por novena vez, se opone a una Comisión de Investigación sobre el asunto.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos que imponga fianza o embargue bienes a todos los intrusos y "conseguidores" que les permitieron percibir un "beneficio indebido y delictivo" de fondos públicos.

EFE, que ha tenido acceso al escrito, dice que Anticorrupción considera que se ha demostrado la existencia de una "trama organizada" de percepción de fondos públicos de la Junta, en una investigación "aún embrionaria" pero que causó un "perjuicio grave y manifiesto" a los fondos públicos.

Por ello, el fiscal pide que la juez de instrucción 6 imponga a la veintena de imputados hasta ahora y los que lo sean en el futuro una fianza por el importe de lo recibido indebidamente o les embargue sus bienes.

El fiscal recuerda que se investigan dos tipos de delitos "claramente diferenciados, aunque ligados entre sí", consistentes en una "trama organizada" de "intermediarios, empresarios, aseguradoras y responsables de la Junta para incluir en los ERE a personas que nunca habrían trabajado en las empresas", y otra serie de pólizas individuales para "determinados beneficiarios autorizados por responsables del Gobierno andaluz".

Los intrusos, añade la Fiscalía Anticorrupción, obtuvieron un "beneficio indebido y delictivo del que, de ser condenados, deberán responder devolviendo las cantidades" a los fondos públicos.

Recuerda el escrito que una segunda línea de investigación consiste en la "figura utilizada por la Junta de Andalucía para suministrar ayudas a empresas en crisis", buena parte de las cuales "han terminado en manos de personas próximas a los máximos ejecutores y conseguidores del sistema implantado para alcanzar dichos fines delictivos."

La Fiscalía recuerda además "la existencia de ayudas directas a Ayuntamientos, empresas, asociaciones, fundaciones y otras entidades" que "no reúnen ninguno de los requisitos exigibles en cuanto a concesión y control de una subvención dada con fondos públicos".

Por ello, según adelanta Anticorrupción, "será necesario averiguar, caso por caso, las razones últimas de dichos abonos, la veracidad y real existencia del fin público de la ayuda, y por ende el destino final del dinero entregado".

A pesar de estar en una fase embrionaria de la investigación, la Fiscalía entiende que es "indudable la existencia de un perjuicio manifiesto y grave en los fondos públicos", del que deberán responder los funcionarios públicos que han permitido las irregularidades y los administradores de las entidades perceptoras.

Por ello, pide que la juez pregunte a la Junta si ha iniciado un procedimiento para que le integren los cobros indebidos y que le informe de la documentación entregada a los perceptores de las ayudas, con el objetivo de investigar "otros ilícitos penales" como "estafa, en caso de obtener financiación bancaria a sabiendas de la falsedad de la documentación aportada, estafa procesal y otros".

.Aunque sólo hay una veintena de imputados, la Junta ya ha identificado 72 intrusos y 111 personas con irregularidades administrativas en los cobros de las pólizas. Probablemente, el número de intrusos crecerá. La Guardia Civil examina ahora con lupa cada listado de prejubilados de las empresas subvencionadas.

Hasta el momento, sólo el exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, ha consignado ante notario los 110.000 euros que percibió ilegalmente, y Antonio Garrido Santoyo, exresponsable de política local del PSOE de Baeza (Jaén), ha hecho lo propio.

El caso Ruiz Mateos

La fiscalía, cuenta El País, aclara que la petición de fianzas o embargos preventivos afecta también la familia Ruiz-Mateos a través de una deuda relacionada con su empresa Dhul, para lo que Empleo generó una póliza de 2,4 millones cuyo asegurado fue Álvaro Ruiz-Mateos. En este caso y otros dos, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero firmó dos pólizas para sus amigos Alejandro Millán y Rafael Ruiz para pagar deudas y solucionar conflictos laborales en las empresas FCC Medio Ambiente y Cespa. Tanto Millán como Ruiz están imputados por tráfico de influencias, malversación y prevaricación en su condición de extraneus al no ser funcionarios.

Por novena vez, el PSOE se opone a una Comisión de Investigación sobre "el bandolerismo moderno de los socialistas"

El PP ha presentado hasta nueve iniciativas para esclarecer la gestión. Izquierda Unida apoya la comisión de investigación 'por coherencia'. Sin embargo, 
la mayoría socialista ha rechazado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, solicitada por el PP, sobre la "trama fraudulenta" de ayudas a empresas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla, durante la etapa de José Antonio Griñán como consejero del Gobierno andaluz. Bandolerismo moderno, consideró el secretario general del PP que es el nombre que corresponde a lo hecho por el PSOE.

El PP ha denunciado la concesión por parte de la Junta, a través del llamado "fondo de reptiles" de la Consejería de Empleo, de 42 ayudas a empresas, por un importe de 35,2 millones de euros, y otras 19 ayudas a trece ayuntamientos de la Sierra Norte de Sevilla por valor de 3,1 millones de euros.

Estas ayudas estarían avaladas por el actual secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, cuando era consejero de Empleo de la Junta y presidente del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), según el PP, que ha puesto estos datos en poder del juzgado que investiga los ERE irregulares.

"Vengo a hablar del bandolerismo moderno de los socialistas", ha asegurado el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, encargado de defender la iniciativa de su grupo.