Firmeza en la lucha contra el terrorismo y respeto y elogio hacia las víctimas. Fueron las dos ideas principales, escuchadas con más ahínco si cabe, en el V aniversario de la Fundación DENAES, que preside Santiago Abascal.
Quienes asistieron al acto compartieron sentimientos. El primero, y de base, que el comunicado de ETA no es sino “otra trampa” con el fin primero de que su marca Amaiur entre en el Congreso de los Diputados. El segundo, que el PSOE “está en el ajo” hasta el punto de que no descartan otro movimiento de la banda yendo “un pasito más allá” para que les beneficie en las urnas. Y, el tercero, que el Partido Popular se está poniendo de perfil porque “no le interesa electoralmente” el asunto.
Fueron decenas las personalidades. Políticos de raza como Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Jaime Mayor Oreja, Ignacio Astarloa, Cayetana Álvarez de Toledo o Alejo Vidal Quadras. Víctimas como Ángeles Pedraza o Francisco José Alcaraz, que al ser citados fueron muy aplaudidos. Pero, sin duda, José María Aznar volvió a ser el más ovacionado.
El presidente, así se le sigue denominando, no defraudó en opinión del auditorio: “El final del terrorismo plantea un único riesgo, que perdamos en la victoria”. Y a partir de ahí todas fueron críticas veladas, pero contundentes, dirigidas hacia el Gobierno y algún que otro recado a su partido, el PP.
“Nuestras leyes ya fijan de modo claro el camino a seguir, el que conduce a la derrota efectiva del terrorismo y al triunfo de la libertad”, destacó, rechazando de plano concesiones como el acercamiento de presos etarras o la modificación de la doctrina Parot, hoy encima de la mesa.
Aznar fue aún más claro: “Nadie debe facilitar, por acción o por omisión, ninguna vía para que ETA y sus cómplices políticos escapen a su derrota”. O, traducido: “La derrota efectiva de ETA debe ser la culminación de nuestro pacto constitucional”.
No basta, en voz del líder de FAES, con renunciar a la violencia sino que es preciso “reconocer que nunca debió emplearse”. Y por ello llamó a rechazar “la falsa idea de que aplicar las leyes obstaculiza la derrota del terrorismo y no aplicarlas las facilita”.
Aznar, que tomó como guión un discurso ya escrito hace un año porque -se encargó de remarcar- él no cambia de ideas, solemnizó: “No hay precio alguno que pagar a los terroristas. Son los terroristas y sus cómplices los que tienen una deuda que pagar a la Nación”.
“No existe el derecho a crear partidos ilegales ni a votarlos. No se puede plebiscitar la dictadura ni someter a votación la democracia”, remarcó, no sin dejar claro que “siempre los españoles han estado dispuestos a atender el arrepentimiento de los terroristas que dejaron de serlo y a actuar con generosidad”.
Tras contundente diagnóstico, Aznar se refirió a quienes han sufrido el azote del terrorismo. Frente a quienes se quejan de la actitud de las víctimas e, incluso, las critican, el expresidente sentenció: “Son un ejemplo cívico y moral”. “Las víctimas son absolutamente inocentes y los terroristas son absolutamente culpables”, añadió. O que “no puede darse la impresión de que dos bandos moralmente equivalentes resuelven sus diferencias”.
Un ensalzamiento hacia las víctimas a poco más de 24 horas de que vuelvan a salir a la calle para denunciar las concesiones a la banda terrorista. Lo harán el sábado, a las 13.00 horas, en la mítica plaza República Dominicana de Madrid, y muchos de los asistentes al acto de DENAES anunciaron su asistencia. Irán, por ejemplo, Regina Plañiol en nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid o Álvarez de Toledo, en los puestos de salida de la lista del PP por Madrid.
“Atravesamos días azarosos y turbulentos de nuestra vida colectiva. Y más que nunca hemos de tomar conciencia de que lo que podría ser una buena noticia (la de ETA), puede transformarse en la peor de las noticia”, remachó Abascal, que pidió un proyecto que “establezca y acometa un plan de regeneración nacional a corto, medio y largo plazo”.
Aznar remató la faena: “España no puede aceptar soluciones de excepción para hacer efectiva la derrota de ETA en ningún caso. Si se diera la impresión de que el Estado de derecho que defendemos puede quedar en suspenso o ser aplicado a conveniencia se estaría dañando extraordinariamente la democracia española y se expondría a sus instituciones a la sospecha”.