Era la decisión menos previsible pero también la que menos ampollas podía levantar. El Pleno de la Audiencia Nacional, presidido por Javier Gómez Bermúdez, ha decidido por unanimidad de sus 14 miembros revocar el procesamiento contra los tres altos mandos policiales de Alfredo Pérez Rubalcaba: el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el inspector de Policía, José María Ballesteros, y Enrique Pamiés, jefe Superior de la Policía del País Vasco, actualmente imputados en el caso Faisán.
De esta forma, el Pleno estima parcialmente los recursos de apelación presentados por los acusados y envía de nuevo la causa al juzgado de Instrucción Número 5, dirigido actualmente por Pablo Ruz, donde el pasado 13 de julio se dictó el procesamiento contra ellos que ahora queda sin efecto .
Así, los jueces de lo Penal de la Audiencia concluyen que detrás del chivatazo a ETA que se dio el 4 de mayo de 2006 en el bar de Joseba Elosúa se cometió un delito pero no consideran suficientes los indicios que pesan contra los tres altos mandos policiales como para procesarlos como autores del mismo.
Asimismo, los magistrados no han entrado a analizar durante las cuatro horas que ha durado la reunión de este miércoles la calificación jurídica de los hechos, es decir, qué delitos se cometieron cuando se dio el soplo.
Por otro lado, los jueces de lo Penal piden al último instructor de la causa, al juez Pablo Ruz, que continúe investigando el caso Faisán en la Audiencia Nacional. Si bien es cierto que Ruz aún no había dictado el auto de conclusión de sumario también lo es que la investigación la había finalizado de facto. De momento, García Higaldo, Pamies y Ballesteros continúan imputados por colaboración con banda armada y por relevación de secretos y encubrimiento.
Con esta decisión, el caso vuelve a dar un giro de 180 grados. El motivo es que aunque la Audiencia deja la puerta abierta a un nuevo y futuro procesamiento de la cúpula policial del candidato socialista de momento ha contentado a todos. En primer lugar, al Ministerio Fiscal –al no entrar a valor si hubo o no colaboración con ETA-; en segundo lugar, a las defensas al estimar parcialmente sus recursos y, por último, al PP que puede presumir de que el caso se mantiene en la calle Génova.
Ahora, Pablo Ruz está obligado a practicar nuevas diligencias antes de volver a procesar a los agentes o, por el contrario, archivar el caso.