Tal y como publica La Gaceta, menos de cien días después de la constitución de los gobiernos autonómicos, las pruebas de que Bildu traspasa los límites del estado de derecho se acumulan ya sobre la mesa.
Según un informe de Manos Limpias presentado en la Fiscalía General del Estado el viernes, existen nada menos que 52 pruebas para ilegalizar a la coalición. Además de presentar ese informe, también se denunció a Bildu por un presunto delito de "enaltecimiento, apología y colaboración" con ETA, instando a la abogacía a iniciar los procedimientos necesarios para ilegalizarlos.
"Bildu está dando muestras evidentes en el sentido de que sus postulados, comportamientos y objetivos son los mismos que los de ETA y su brazo político Batasuna", dicen los denunciantes. Y siguen: "Bildu ha demostrado sin ningún rubor ni complejos apoyo, cobertura, colaboración, aplausos, homenajes e incluso nombramientos en las instituciones a dirigentes batasunos y miembros de la izquierda abertzale que hacen gala de formar parte o de identificarse con la banda terrorista ETA".
Entre las pruebas aportadas por Manos Limpias están el aumento de las subvenciones para que los presos etarras viajen, las pancartas de apoyo a etarras en las fiestas populares de pueblos gobernados por Bildu, así como la retirada de la bandera española de consistorios, la existencia de diez municipios que mantienen el callejero etarra, la reciente iniciativa de eliminar la aportación al Ejército y autoridades... y por supuesto, la negativa a condenar el terrorismo de ETA, entre otros puntos.
Todo ello, informa La Gaceta, apela al artículo 578 del código penal, que prohíbe el enaltecimiento o justificación de los delitos terroristas, estableciendo penas de castigo con prisión d ¡e uno a dos años.
La Fiscalía General del Estado de Cándido Conde Pumpido deberá pronunciarse así sobre ello. Para ello deberá solicitar informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra... sobre los hechos presentados en la denuncia. Y si Pumpido decidiera rechazar el escrito, debería justificar sus razones. No obstante y con los mismos hechos, la abogacía del Estado puede abrir un expediente de ilegalización, gracias a la última reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.