El PSOE ha celebrado la dimisión de Camps al frente de la Generalidad valenciana, algo que venía pidiendo reiteradamente desde hace tiempo, por la causa de los trajes. Sin embargo, la vara de medir es bien distinta cuando los imputados están en sus filas. De hecho, hay hasta ochenta y cinco socialistas que ocupan un cargo público que están inmersos en procesos judiciales y que ni han presentado su dimisión, ni su partido se la ha exigido.
Andalucía es la comunidad autónoma donde el PSOE se lleva la palma. Hasta sesenta políticos socialistas están acusados de algún delito y, para más inri, es en esta región donde se ha destapado uno de los escándalos más importantes en décadas, el de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía. Seiscientos cincuenta millones de euros se desviaron al llamado "fondo de reptiles". Hasta treinta socialistas se han visto, hasta el momento, implicados en un caso que también ha afectado a sindicalistas y empresarios.
Muchos de estos miembros del PSOE ocupaban sus cargos públicos antes y después de su imputación, aunque algunos se vieron obligados a dejar sus cargos. Sin embargo, los hay que todavía se agarran a sus puestos, como Antonio Fernández, exconsejero de Empleo y actual presidente del consejo regulador de Jerez, así como el parlamentario autonómico Ramón Díaz Alcaraz.
Además, la juez Alaya no ha encontrado más que problemas por parte de la Junta de Andalucía para conseguir las actas de estos ERE e, incluso, está investigando ya una posible financiación ilegal del partido. Incluso un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía señalaba que el presidente Griñán conocía el escándalo y no hizo nada para evitarlo.
El escándalo por antonomasia, que podría ser uno de los más importantes de la democracia, también salpica de lleno a las altas instancias socialistas. El chivatazo a ETA. El caso Faisán ha llegado hasta el actual ministro del Interior, Antonio Camacho, cuyo número de teléfono aparece en el caso. Además, tres altos cargos policiales de Rubalcaba están procesados en el caso Faisán y los hechos apuntan a que los policías no tomaron esta decisión por su cuenta. Uno de ellos, Víctor García Hidalgo, exdirector de la Policía, es actualmente secretario de Organización del PSOE de Álava. Y tampoco tiene visos de de dimitir.
En Ibiza también hay importantes socialistas imputados que siguen ostentando tranquilamente sus cargos. En las listas de las pasadas elecciones locales y autonómicas estaba presente el expresidente del Consejo de Ibiza, Xicu Tarrés. En estos momentos sigue estando imputado por un posible delito de corrupción urbanística en el llamado caso Ibiza centro. Los socialistas aseguraban que "no privaremos a Ibiza del mejor candidato que tiene para ser el presidente del Consell".
También en la Comunidad Valenciana, cargos del PSOE están implicados en procesos judiciales. Es el caso de las facturas de Elche. Aquí incluso Pérez Rubalcaba y Leire Pajín presentaron al candidato para la ciudad alicantina, Alejandro Soler, que como regidor habría ocultado documentación a los auditores. El caso fue archivado pero el Tribunal Supremo estimó el recurso del PP y la instrucción está siguiendo adelante, tal y como informa La Razón.
En Melilla tampoco ha habido dimisiones de cargos socialistas tras la compra de votos en la ciudad autónoma. Aquí, el secretario general del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz, sigue estando imputado por presunto delito electoral por la compra de votos para las elecciones generales de 2008. A pesar de ello, fue el candidato en las últimas elecciones. Hasta veintiséis miembros de la coalición PSOE-CPM están imputados por enviar cartas a parados prometiéndoles trabajo a cambio de su voto.
En la ciudad extremeña de Plasencia, siendo alcaldesa la socialista Elia María Blanco, se volvió a presentar pese a estar imputada por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Es más: fue aupada por la ejecutiva provincial del PSOE. También en esta comunidad hay varios socialistas, como la exalcaldesa de Moraleja, imputados por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación.
El caso Unión también salpica a los socialistas canarios. De hecho, el secretario general del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino, permanece imputado por fraude, cohecho y prevaricación. También en esta comunidad se encuentran imputados otros socialistas como Jaime González Cejas o Juan José Dorta.