PP y PSOE han utilizado durante los últimos meses como munición política contra el adversario la exigencia de dimisión de Francisco Camps, por un lado, y de Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho, por el otro. Detrás, los escándalos por los trajes que podrían haber sido pagado por los miembros de la trama Gürtel y el chivatazo a ETA que tiene imputados a altos cargos policiales.
La dimisión este miércoles del presidente de la Generalidad valenciana, horas después de que los primeros imputados aceptasen en el TSJCV pagar una multa y declararse culpables para eludir el banquillo, ha girado todas las miradas ahora hacia el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno y hacia el nuevo ministro de Interior, que aparece salpicado por la investigación del soplo a la banda.
La causa del Caso Faisán juzga la autoría de un soplo a ETA, que se produjo el 4 de mayo de 2006, y que sirvió para desbaratar una operación contra la red de extorsión de ETA, con importantes detenciones a ambos lados de la frontera hispano-francesa. Pese a que la operación se desarrolló semanas más tarde, el chivatazo impidió que uno de los dirigentes del PNV relacionados con la trama, Gorka Aguirre, fuera detenido el mismo día que el por entonces líder del PNV, Josu Jon Imaz, visitaba a Zapatero en La Moncloa para darle su apoyo en el proceso de negociación.
Según las pesquisas realizadas por el equipo investigador del soplo, el teléfono móvil del ministro, con numeración 68674XXXX, aparece dentro del tráfico de llamadas registrado por los investigadores policiales antes, durante y después del chivatazo a la red de extorsión de ETA. Se comunicó con el ex director general de la Policía Nacional, Víctor García Hidalgo, imputado en el caso.
Exactamente, el por entonces secretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Rubalcaba, interviene en tres de las 17 llamadas que los informes policiales incluyen dentro de la mecánica del soplo. El primero de esos contactos se realizó el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, a las 22.50 horas. García Hidalgo telefoneó a Camacho por espacio de dos minutos. Justo a continuación, a las 22.52 horas, se produjo la segunda llamada. Los protagonistas fueron los mismos, y duró 21 segundos.
La tercera y última llamada se produjo la mañana del chivatazo, dos horas antes del mismo. Esta vez, fue Camacho quien llamó al director de la Policía. Lo hizo a las 9.57 horas y la conversación duró tres minutos y medio. Se da la circunstancia de que el ahora ministro llamó a García Hidalgo a una tarjeta prepago que utilizaba de manera no oficial y cuyo número, 648XXX190, era el mismo que se le había entregado como salvoconducto a Juan Carlos Iurrebaso, uno de los negociadores de ETA, y quien intentó utilizarlo sin éxito cuando fue detenido en Francia en marzo de 2007.
Tras la tercera llamada, Antonio Camacho y Víctor García Hidalgo coincidieron personalmente, y mientras se producía el chivatazo a ETA, en la sede del ministerio del Interior, en el acto de toma de posesión como director general de la Guardia Civil de Juan Mesquida. Durante ese acto, y ya después del soplo, el ex jefe de la Policía recibió dos llamadas de otro de los imputados, que no pudo atender, y que forman parte de ese tráfico investigado.
Las acusaciones particulares del caso Faisán solicitaron al magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que se citase a Camacho, algo que el juez descartó argumentando que "resulta lógico y razonable suponer que dos altos cargos del Ministerio, con relación de dependencia jerárquica y subordinación directa, de uno respecto del otro, necesiten mantener comunicación durante las 24 horas del día".