La dimisión este miércoles de Francisco Camps como presidente de la Generalidad valenciana no es un hecho insólito en los casi 35 años de democracia en España. Y es que ésta es la séptima ocasión en que un presidente autonómico se ve obligado a dimitir antes de que acabe su legislatura.
El primero en hacerlo fue Demetrio Madrid López. El dirigente socialista ganó en 1983 las primeras elecciones autonómicas de la Junta de Castilla y León, convirtiéndose, de este modo, en el primer presidente regional.
Un año antes de acabar esa primera legislatura, en 1986, presentó su dimisión al ser procesado por un caso de justicia laboral en una empresa de su propiedad dedicada a la actividad textil. Se le acusaba, entre otros delitos, de una supuesta quiebra fraudulenta. Tres años después, en 1989, quedó absuelto de todos los cargos que se le imputaban.
El socialista Javier Otano, presidente de Navarra desde mayo de 1985, dimitió en julio del año siguiente tras ser imputado por un supuesto cohecho en la trama navarra del "caso Roldán". En 2004, la Audiencia Provincial le absolvió por la prescripción de los hechos.
Otro líder socialista autonómico que tuvo que dimitir fue Carlos Collado, presidente de Murcia de 1984 a 1993. Dimitió tras un informe del Tribunal de Cuentas que había detectado "anomalías contables" en relación con la compra por su gobierno de la finca "Casa Grande". Con posterioridad, este tribunal le exculpó de cualquier anomalía contable en esta operación.
Juan Hormaechea Cazón. El político cántabro dimitió como presidente de la comunidad autónoma en 1994, cuando se encontraba en su segundo mandato, para el que fue reelegido con su propio partido, la Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA), tras ser expulsado del Partido Popular.
Gabriel Cañellas. Presidente del Gobierno balear, Cañellas dimitió por el escándalo del túnel de Sóller el 19 de julio de 1995. Con su dimisión se abrió una crisis interna en el PP para nombrar un sucesor en la presidencia del Gobierno balear y también para dirigirá el partido en el archipiélago.
José Marco (PSOE), presidente de Aragón entre octubre de 1993 y enero de 1995, dimitió de su cargo por estar procesado en el denominado "caso del Sillón". La Audiencia Provincial le condenó en junio de 1995 a 13 meses de cárcel y 6 de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad en documento público. Luego, en 1999, la Audiencia Provincial le condenó en esta ocasión por el "caso de los Espías" a 9 meses de prisión, 2 de inhabilitación y a devolver 90.000 euros. No ingresó en prisión por un cambio en el Código Penal.
Presentó su dimisión después de que fuese condenado por sentencia judicial a 6 años de prisión y 14 años de inhabilitación por diferentes cargos de prevaricación y malversación de fondos públicos, derivados de las irregularidades descubiertas en su gestión durante su primera legislatura al frente del Ejecutivo de Cantabria.