Con la llegada del mes de agosto el ritmo de trabajo, y también de noticias, de los juzgados y tribunales españoles desciende considerablemente. La actividad judicial vuelve a la normalidad con la llegada de septiembre, mes en el que siempre se celebra la famosa "apertura de los tribunales" en la sede del Tribunal Supremo. Este año numerosos asuntos quedarán pendientes para el "año" judicial siguiente.
Muchas de estas cuestiones están relacionadas con el garante de hacer cumplir la Constitución, el Tribunal Constitucional (TC). En primer lugar, el TC está pendiente de renovar cuatro de las plazas de sus magistrados. Tres de ellas porque el mandato de sus señorías ya ha expirado y se encuentran por lo tanto trabajando en la interinidad, es el caso de Eugeny Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado y, un cuarto puesto por el fallecimiento en 2008 del magistrado, Roberto García Calvo. El presidente del Congreso, José Bono, convocará para el 1 de septiembre una reunión de la Comisión de Nombramientos con la esperanza desatascar el bloqueo del Constitucional. El pasado 30 de junio venció el último plazo que dio el socialista para que PP y PSOE llegaran a un acuerdo sobre la renovación del TC sin que éste se alcanzara.
Por otro lado, diversos medios de comunicación apuntan a que el actual Constitucional, compuesto por una abultada mayoría de jueces elegidos a propuesta del PSOE – siete son progresistas frente a cuatro conservadores- aprobará antes del próximo otoño la legalización de Sortu. De ser así, esta formación podría registrarse en el registro de partidos del Ministerio del Interior de cara a las próximas elecciones generales algo que impidió el Tribunal Supremo.
Más inminente aún será el pronunciamiento del TC sobre la 'doctrina Parot' ya que el Alto Tribunal comienza a dirimir sobre la misma en sendos plenos que tendrán lugar este martes y el próximo jueves. De esta cuestión, depende que muchos etarras abandonen la prisión antes de lo previsto en un principio.
Otro de los asuntos que será una de las ‘patatas calientes’ del próximo año judicial es el juicio por el chivatazo a ETA conocido como caso Faisán. Una vez que el juez Pablo Ruz ha procesado a los tres mandos policiales imputados en el caso –el exdirector general de la Policía, Victor García Hidalgo, el jefe del País Vasco, Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros- por la filtración a la red de extorsión etarra, será la Sección Segunda de la Sala de lo Penal la que deberá resolver los recursos interpuestos contra esta decisión. De rechazarlos, el procedimiento quedaría pendiente de juicio.
Al hablar de juicios importantes es inevitable un nombre: Baltasar Garzón. El juez de la Audiencia Nacional, actualmente suspendido de sus funciones, se sentará en el banquillo de los acusados por tratar de enjuiciar la Guerra Civil y el franquismo y también por las escuchas de caso Gürtel. Ambas citas, que son inevitables, tendrán lugar en el Tribunal Supremo en los próximos meses aunque todavía no hay fecha fijada y constituyen dos de los acontecimientos más esperados de la próxima temporada.
Quien también tendrá que sentarse en el banquillo salpicado por la trama Gürtel es el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. El pasado viernes el juez de Valencia José Flors abrió juicio contra él por el 'caso de los trajes'. El magistrado apreció múltiples indicios de que el dirigente del PP podría haber cometido un delito de cohecho impropio pasivo al recibir regalos de los cabecillas de la trama corrupta.
Al mismo tiempo, en septiembre tendrá lugar una de las declaraciones más importantes en la causa que se sigue contra Sánchez Manzano por su actuación en el 11-M. El día 8 testificará ante la juez Coro Cillán la mano derecha del exjefe Tedax, Fernando Blázquez, quien podría haber responsabilizado de los restos de la masacre.