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Pumpido niega haber dado órdenes sobre el caso Faisán

Dice que la circular es posterior a que el fiscal retirara la acusación por un delito de colaboración con banda armada en el chivatazo a ETA.

Desmentido rotundo de la Fiscalía General del Estado, dirigida por Cándido Conde Pumpido, a la información publicada este viernes por el diario El Mundo. En una nota de prensa, el Ministerio Público niega que la circular 2/2011, fechada y publicada el pasado 2 de junio, actualmente colgada en su página web, "constituya o contenga una orden del Fiscal General del Estado" sobre la imputación de un delito de colaboración con banda armada en relación con los tres altos mandos policiales procesados en el chivatazo a ETA.

La Fiscalía sostiene que más allá de lo publicado este viernes, dicho documento es "un análisis jurídico llevado a cabo por los servicios técnicos de la Fiscalía General, deliberado de forma colegiada y aprobado por la Junta de Fiscales de Sala, con el fin de aclarar, con carácter general, las dudas de interpretación o aplicación de las nuevas normas que puedan plantearse a los Fiscales" en relación con diversos aspectos jurídicos.

"La circular no ha podido materialmente influir, en modo alguno, en el criterio adoptado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la concurrencia o no del delito de colaboración con banda armada en el denominado "caso Faisán", resalta el Ministerio Público.

La explicación que da el departamento de Conde Pumpido es que la fiscalía que dirige Javier Zaragoza retiró la acusación contra los procesados por el chivatazo a ETA, el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el inspector de Policía, José María Ballesteros y el jefe policial del País Vasco, Enrique Pames, el pasado 24 de marzo en una vista a puerta cerrada que se celebró el pasado 24 de marzo siendo la circular citada de dos meses y medio después.

En dicho documento, se dejaba claro que el delito de colaboración con organización terrorista requiere "una cierta adhesión ideológica" con la banda. Esto implicaría que ninguno de los procesados podría haber cometido ese delito.

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