Ningún grupo quiere quedarse fuera de la imagen de simpatía y empatía del Congreso con el movimiento 15-M. De ahí que este martes, tras la Junta de Portavoces, se haya generado una auténtica batalla por ver quién proponía la iniciativa parlamentaria que más se acercara a las de los indignados.
"Nosotros vamos a traer una ley de transparencia, acceso y participación de los ciudadanos en la administración", anunciaba la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría. "Entendemos que debería hacerse un esfuerzo, y en Cataluña lo estamos haciendo, para cambiar la ley electoral", le seguía su homólogo de CIU, Josep Antoni Duran i Lleida. "Presentamos una interpelación que creemos que es la oportunidad en esta cámara de debatir las formas de relación con el movimiento, es decir, el método", añadía el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, el que más lejos ha ido, pues colocaba a los manifestantes como interlocutor político en el Parlamento. Las propuestas más razonables para el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, se centraban en el campo económico. "La tasa de transacciones financieras internacionales es perfectamente razonable para que las consecuencias de la crisis no las paguen los mismos de siempre", decía.
Mientras los acampados vuelven a concentrarse a las puertas del Congreso, esta vez con una 'pijamada' para protestar contra el decreto de negociación colectiva, sus reivindicaciones políticas consiguen pasar los controles de seguridad y colarse en la agenda parlamentaria.
El pleno de la Cámara Baja acordaba por unanimidad una moción que establece un proceso de diálogo con el movimiento y de estudio de sus propuestas. En lo concreto le piden al Ejecutivo que lleve cuanto antes a la Cámara el prometido proyecto de ley de información pública, que recupere el proyecto de ley de transparencia y control de las instituciones y tramitar con la máxima celeridad la reforma de legislación sobre financiación de partidos que se tomó en consideración en abril y que reclamaba, entre otras cosas, la transparencia en las donaciones y la prohibición de las procedentes de fundaciones o asociaciones subvencionadas con dinero público.
La iniciativa, que partía de ERC, y que este miércoles se debatirá en la Sesión de Control en forma de interpelación al Gobierno, ha concitado finalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios que han consensuado un texto final sobre la base que proponían los republicanos independentistas. Su portavoz, Joan Ridao, ha celebrado el consenso por haber escuchado algunas de las reclamaciones de los llamados indignados, como la de pedir una democracia más transparente y participativa.
"Hace falta más política que nunca ahora, no hay nada malo en que el Parlamento escuche este aldabonazo crítico", ha dicho Ridao, quien ha recordado que la iniciativa pide al Ejecutivo que remita en el actual periodo de sesiones el proyecto de ley de acceso a la información pública que ha prometido en varias ocasiones.
Los indignados, ¿interlocutor político?
Del texto final se ha suprimido la iniciativa de Esquerra de crear una subcomisión que estudiara medidas para "profundizar en la democracia y la participación ciudadana" y que impulsara la credibilidad, la transparencia, la austeridad y el control de las instituciones del Estado y sus miembros. La propuesta, que recibía el rechazo de algunos grupos, le otorgaba al movimiento 15-M la condición de interlocutor político, ya que los portavoces y representantes del movimiento 15-M y Democracia Real Ya comparecerían en el Parlamento en el marco de dicho organismo.