En medio de la mayor crisis de su historia, con la negativa del presidente Pascual Sala a aceptar la renuncia de tres de los miembros del TC, en plenas negociaciones entre el PP y el PSOE para renovar la composición del tribunal, al Constitucional le ha dado tiempo para levantar la suspensión que pesaba sobre la Ley de Consultas que aprobó el tripartito con el apoyo de CiU.
La resolución, emitida el viernes, no implica una decisión final sobre la constitucionalidad de la ley, pero los nacionalistas catalanes lo han celebrado como un gesto de cordialidad institucional tras los episodios generados por el Estatuto.
Con esta ley, tanto el tripartito como CiU pretendían forzar una consulta sobre el pacto fiscal, objetivo al que no han renunciado, pero que en las actuales circunstancias económicas ha sido aplazado. También se planteó como la palanca legal con la que desarrollar la campaña de consultas ilegales que comenzó en Arenys de Munt. Quien se opuso entonces como abogada del Estado, Pilar Fernández Bozal, es ahora la consejera de Justicia del gobierno nacionalista catalán que pretende dotar a la Generalidad de un instrumento para forzar la independencia.
Según los nacionalistas, la ley sobre la que se ha levantado la suspensión es insuficiente porque cualquier consulta debería contar con la luz verde del Gobierno, lo que a su juicio se contradice con la aplicación del artículo del Estatuto sobre consultas populares.
El guiño, según la interpretación de CiU, del Constitucional no ha suscitado, de momento, ninguna reacción por parte del PP o del PSOE.