Un mes después de que el movimiento 15-M hiciera su aparición en plena campaña electoral, el ministro de Interior y candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, contempla impasible la escalada de violencia callejera de los "indignados". Las tibias respuestas policiales, en la mayoría de los casos la pura y dura pasividad impuesta por el ministerio, han dado alas a la radicalización de estos grupos, que han pasado del "flower power" a la "kale borroka" con métodos, estrategias y "argumentos" que superan en radicalidad a los de los "okupas" y "antiglobalización". La indigestión de "kas" ha sido posterior a la conversión del orden público en una mera ficción.
En cuatro semanas, los "indignados" han mostrado una predilección absoluta por atacar intereses no socialistas, han cumplido su promesa de reventar la constitución de numerosos ayuntamientos del PP y, en el caso catalán, se han lanzado a la yugular del gobierno autonómico dos segundos después de que Artur Mas pactara con la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, los presupuestos autonómicos y se pusiera fin así al cordón sanitario contra el PP formalizado por Mas ante notario.
La radicalización, sin embargo, no ha sido un proceso evolutivo del 15-M, sino que responde a la "lógica" de las reivindicaciones anti-políticas expresadas desde los primeros balbuceos de la ola de indignación. Las agresiones a periodistas –un colectivo decididamente partidario de la cábala sociológica volcado en la empatización con los "indignados" –, el asalto a las sedes de la soberanía popular, el acoso a los políticos del PP, ya en Amurrio o en Madrid, han alcanzado cotas de impunidad al calor de la simpatía del PSOE por la supuesta voz de la calle que representa el 15-M. La complicidad es de tal envergadura que Rubalcaba no se ha abstenido de filtrar a través de la Ser su afecto por los "indignados", mientras que Zapatero niega la vena radical del 15-M en el mismo instante que medio parlamento catalán se ve obligado a llegar en helicóptero al escaño.
A primera vista, el "movimiento" sobre el que algunos teóricos de la izquierda y el propio Rubalcaba pretenden refundar el socialismo ha disimulado la dimensión de la catástrofe electoral del PSOE, al tiempo que orientaba sus ataques contra la clase política en general hacia los populares en particular. En ese contexto, la negativa de Rubalcaba a mantener el orden público adquiere visos de complicidad difícilmente refutables.