Convocados por redes sociales, varios cientos de personas acudieron en la tarde del miércoles a las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde cortaron al tráfico la plaza de Canalejas y la carrera de San Jerónimo de la capital de España. En torno a las dos de la mañana, después de haber coreado durante horas diferentes cantinelas contra los partidos políticos y el sistema legislativo español, los manifestantes abandonaron la zona sin que se registrase ningún altercado.
Paralelamente, este jueves estaba previsto que se celebrara en las Cortes Valencianas la sesión constitutiva de la octava legislatura tras la celebración de las elecciones del pasado 22 de mayo donde el PP obtuvo mayoría absoluta. Esta cita en el calendario parlamentario ha estado acompañada por un amplio grupo de ‘indignados’ que inició anoche una concentración en la calle de Navellos, la vía peatonal que conduce a la entrada principal de este edificio institucional.
Esta vez, lo que comenzó como una protesta pacífica ha acabado con al menos ocho agentes de la Policía heridos y cinco personas detenidas. Más allá de que la manifestación no estaba ni convocada de forma oficial ni autorizada por la de Delegación del Gobierno en Valencia, ¿es legal manifestarse ante las Cortes?
Según el artículo 494 del Código Penal, dedicado a los delitos contra las instituciones del Estado, "incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".
De esta forma, la ley prevé un castigo para quienes se manifiesten ante las Cámaras de representación popular cuando sus miembros se encuentren reunidos. De momento, se desconoce si se emprenderán acciones legales contra los cinco manifestantes detenidos en Valencia.