El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión la creación de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, que tendrá como cometido la elaboración de un informe en un plazo de cinco meses sobre posibles actuaciones a desarrollar en esta instalación desde el principio de "dignificación" de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión posterior. Su constitución tendrá lugar el próximo lunes, 30 de mayo, en una reunión presidida por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui.
La Comisión, adscrita al Ministerio de la Presidencia, estará compuesta por dos presidentes, un secretario y diez vocales, todos profesionales de acreditada solvencia en los ámbitos académico, jurídico y científico, y su funcionamiento no supondrá incremento de gasto público, según ha informado el Gobierno.
Para la designación de sus componentes se han tenido en cuenta las propuestas de diferentes grupos parlamentarios y algunos forman parte de la Comisión en representación de instituciones como la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la Real Academia de la Historia así como la Iglesia católica.
Ostentarán la presidencia, para la coordinación y dirección de los trabajos, Virgilio Zapatero Gómez, catedrático de Filosofía del Derecho y ex rector de la Universidad de Alcalá de Henares, y Pedro José González-Trevijano Sánchez, rector de la Universidad Rey Juan Carlos y catedrático de Derecho Constitucional.
El acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros señala que el Valle de los Caídos, creado como un lugar de memoria, "es todavía un lugar controvertido en la conciencia colectiva de los españoles". Por ello, la Ley de Memoria Histórica, en su artículo 16, establece que el Valle se regirá por las normas aplicables a los lugares de culto y en él se prohíben actos de naturaleza política o exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo.
En este sentido, la norma, en su disposición adicional sexta, establece que la fundación gestora incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió, profundizar en el conocimiento de este periodo histórico y los valores constitucionales y fomentar las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad.
Según el Gobierno, la Ley de Memoria Histórica abre así "una oportunidad para que el Valle de los Caídos, como lugar de memoria, pueda ser contemplado por sus visitantes y por la conciencia colectiva del país con un nuevo significado más inclusivo, desde el espíritu de reconciliación y el respeto al pluralismo reconocido en el pacto constitucional".
De este modo, el acuerdo del Consejo de Ministros señala que una primera línea de actuación debe establecerse desde un principio de dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión posterior. En lo relativo a exhumaciones de restos enterrados allí, indica que es una cuestión que debe ser abordada en el contexto global de las actuaciones sobre el lugar, aunque un equipo de peritos evaluará las demandas particulares en este sentido.
La explanada y edificios donde se ubica el Centro de Estudios Sociales ofrece, según el texto aprobado este viernes, posibilidades para la creación de un espacio de afirmación de la convivencia, la democracia y los derechos, a la vez que de rechazo de la violencia, la guerra y las dictaduras.
Asimismo, el acuerdo propone iniciativas en el ámbito de la exposición cultural y museística, la investigación y la educación, la reflexión pública y la divulgación, entre otros. Un ejemplo de ello es la Recomendación 1736 (2006) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que en el Valle de los Caídos se explique cómo fue construido por prisioneros republicanos.