Surrealismo en Moncloa. Rueda de prensa inusualmente corta –apenas 25 minutos–, en la que por una vez todos los medios acudían con la misma pregunta: si habrá, o no, desalojo en la madrileña Puerta del Sol, tal y como ha ordenado la Junta Electoral Central. El consenso mediático no ha servido para obtener una respuesta clara del Portavoz del Gobierno y ministro del Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba, quien se limitó a alabar la democracia, un "conjunto de reglas que nos hemos dado elconjunto de los españoles" que se llaman leyes", y a explicar que "no hay democracia sin cumplimiento de la ley".
La sorpresa era mayúscula entre los informadores, que no esperaban que tras la prohibición de la acampada de Sol por parte de la Junta Electoral de Madrid y la ausencia de desalojo de la Policía, Rubalcaba pudiera pasar al ataque.
"A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les corresponde garantizar el cumplimiento de las leyes y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y la seguridad ciudadana en su conjunto. Esto es lo que ha hecho la Policía y la Guardia Civil siempre, y también esta semana", sostuvo.
Al margen de su incredulidad, los informadores seguían intentándolo: "Yo es que no he entendido si va a haber desalojo, o no", preguntaba una periodista. "Si es que no se lo he dicho...", se reía el vicepresidente. "Habrá que esperar al momento en que la JEC decida" y, según los acontecimientos, "tomará sus decisiones".
A pesar de las trece preguntas en la misma dirección, el portavoz del Gobierno no respondía a la pregunta –"venga, siguiente, a ver quien lo consigue"–, y se limitaba a asegurar que "vamos a cumplir con el mandato constitucional. Vamos a cumplir con las leyes". También advirtió que la Policía actúa bajo parámetros de "oportunidad, congruencia y principio de proporcionalidad. Donde hay un problema, no crea otro para resolverlo. Eso es lo que vamos a hacer, cumplir la ley", insistió.
El Gobierno insinúa que no habrá desalojo
Fuentes gubernamentales insinuaban algo más tarde que el Gobierno no sólo debe atender a la resolución de la Junta Electoral Central sino a otras leyes como la Ley Electoral, la de Seguridad Ciudadana y el derecho de reunión. Esto sumado a los principios de "coherencia, proporcionalidad y seguridad" podría servir al Ejecutivo para ignorar el dictamen de la JEC y no proceder al desalojo. "De verdad, miraros las leyes", decían las fuentes gubernamentales, que no han querido entrar en que la propia JEC basa su decisión en esa legislación.
"Estad tranquilos, no va a pasar nada", se limita a decir el Ejecutivo, que no se ha pronunciado por el recurso que IU ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo pidiendo que se anule la prohibición del 15M.
Lo que argumentará Interior
Fuentes gubernamentales citadas por Europa Press han sido aún más explícitos: en el Ejecutivo estiman que las citadas Ley de Seguridad Ciudadana, el derecho de reunión y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pide a los poderes públicos que tengan "especial tolerancia" cuando la protesta no es violenta, por lo que se considera que una protesta pacífica se podría permitir aun en la jornada de reflexión.
Según la Legislación y la jurisprudencia recopilada por el Ejecutivo, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ajustaría plenamente a la legalidad, -lo que concuerda con las declaraciones de Rubalcaba- puesto que, aducen, no se permite a la autoridad gubernativa la "disolución automática" de las concentraciones que se desarrollen sin autorización.
Las fuentes consultadas por Europa Press apelan en concreto al artículo 16 de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana según la cual el Ejecutivo podrá recurrir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para disolver, en la forma que menos perjudique la reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones en los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión".
Así, las reuniones y manifestaciones sólo podrán ser disueltas en tres supuestos. En primer lugar, cuando constituyan un ilícito penal. Sin embargo, estas mismas fuentes señalaron que, aunque las decisiones de la Junta Electoral Central son de "obligado cumplimiento para cualquier ciudadano", el hecho de que se incumplan de forma individual no supone la comisión de un "ilícito penal", sino de una "infracción administrativa".
En segundo lugar, pueden ser disueltas cuando provoquen alteraciones del orden público con peligro para las personas o los bienes. Esta situación podría darse en el caso de que hubiera grupos o personas que provocasen altercados como sucedió el pasado domingo, si bien, las fuentes consultadas se han remitido a las palabras del ministro Rubalcaba, quien ha asegurado que, en todo momento, se aplicará el criterio de proporcionalidad en la actuación de las Fuerzas de Seguridad.
Y finalmente, el tercer supuesto que da pie a disolver sería en caso de que los asistentes hicieran uso de uniformes paramilitares.