El autodenominado grupo de mediadores internacionales liderados por el abogado sudafricano Brian Currin remitió en marzo una primera carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que ofrecían su asesoramiento para una negociación con ETA. La misiva, recogida por Europa Press, expresaba su esperanza en "un nuevo proceso de paz inclusivo" que "aseguraría que nunca más habrá otra víctima de este conflicto violento".
Fuentes cercanas al grupo han indicado a la agencia que esta es la única carta que ha sido remitida al Palacio de la Moncloa con destino al jefe del Ejecutivo. La misma misiva se envió también a los presidentes del País Vasco y Navarra, Patxi López y Miguel Sanz, respectivamente, y a partidos políticos, en su caso, con algunas variaciones en la redacción por lo que se hicieron varias versiones. Las mismas fuentes apuntan que la segunda carta publicada en varios medios sólo era una tribuna dirigida al presidente a través de la prensa.
Esta primera carta de apenas tres folios está fechada el pasado 21 de marzo en Pretoria (Sudáfrica) y va firmada por todos los integrantes del denominado Grupo Internacional de Contacto. Fuentes gubernamentales han afirmado que el Ejecutivo ha contestado a esta comunicación con "una respuesta de cortesía", una especie de "acuse de recibo". El GIC dice no tener constancia de ello.
Los integrantes del grupo se presentan y argumentan que fueron seleccionados considerando sus "capacidades y experiencias en relación a las necesidades de un proceso de transformación del conflicto, de un proceso de paz, de justicia transicional y de la fase de normalización post-conflicto para la construcción de la paz".
Comienzan apelando al "dolor y sufrimiento experimentado por las víctimas y supervivientes del conflicto violento en España y en el País Vasco", sin distinciones. En ese sentido expresan "la esperanza de que un nuevo proceso de paz inclusivo, sujeto a los Principios Mitchell que garanticen la irreversibilidad de las vías exclusivamente pacíficas, aseguraría que nunca más habrá otra víctima de este conflicto violento".
A partir de ahí, incluyen un listado de materias en las que consideran que están capacitados y dispuestos a compartir "con la gente del País Vasco, sus líderes e instituciones". Es en este apartado donde muestran su disponibilidad para el "asesoramiento y ayuda en relación a procesos de puesta en libertad de presos y cuestiones de amnistía" y "revisión de la política penitenciaria y orientación en relación a reformas penitenciarias en un entorno de post-conflicto".
Otro de los puntos dice textualmente: "Rendición de cuentas de la Policía", pero no ofrece más detalles de a qué se refiere exactamente. También se proponen para "defensa y lobbying", "facilitación en transformación de conflictos, negociaciones internacionales, resolución de conflictos y facilitación en procesos de paz" y "asesoramiento en justicia penal nacional e internacional".
También se jactan de su conocimiento sobre "políticas policiales nacionales e internacionales, investigación de hechos y capacidad de investigación"; "orientación en procesos de verificación del alto el fuego y establecimiento del cuerpo apropiado si fuese necesario"; "orientación en la aplicación de los tratados y convenciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos".
Otro asunto en el que el Grupo Internacional de Contacto también se muestra dispuesto a colaborar es el que afecta al "asesoramiento en derechos de las víctimas, recursos para víctimas y mecanismos de aplicación" o informar y ayudar "en relación a la Justicia Transicional y los Procesos de Verdad y Reconciliación, si se necesita".
Presiones para la legalización de Bildu y Sortu
La carta está escrita antes de que el Tribunal Constitucional avalase la coalición Bildu de cara a las elecciones del 22-M. Por ello, los firmantes de este documento indicaban entonces que el reto más crítico era "la legalización de un partido político que represente las aspiraciones de la Izquierda Abertzale", el cual, decían, se opone a la violencia y apoya sólo vías constitucionales, como por ejemplo el nuevo partido establecido, Sortu y establecer una Comisión Internacional de Verificación del Alto el fuego que tenga credibilidad y sea efectiva".
Sin embargo, el GIC a continuación manifestaba su "reconocimiento y respeto al rol de los Poderes Judiciales y Ejecutivos y de los Servicios de Seguridad españoles a la hora de tratar estos dos requisitos". Según las fuentes consultadas, esta expresión no fue incluida en la carta que se remitió a los partidos políticos.