El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha tomado declaración este jueves durante cuatro horas al comisario de Policía, Carlos Germán. Su testimonio era y es crucial ya que fue el agente al que se le encargó la operación para detener a la red de extorsión etarra que se frustró el 4 de mayo de 2006 por el chivatazo dado al presunto miembro de ETA, Joseba Elosúa, en el bar Faisán.También es el hombre que ha investigado a los propios investigadores del soplo, es decir, a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en este dispositivo y el único agente que ha señalado claramente a los presuntos responsables con nombre y apellidos: el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, el inspector de Vitoria, José María Ballesteros y el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Estos tres jefes policiales son los únicos imputados en la causa y se enfrentan a dos delitos: uno, de revelación de secretos y otro, de colaboración con banda armada. El primero de ellos está penado con hasta tres años de prisión, mientras que el segundo de ellos con un máximo de diez años de cárcel.
Además, en su Informe de Conclusiones Definitivas entregado al juez instructor, Germán señaló que la filtración tuvo un "móvil político" y que se enmarcó en el proceso de negociación que el Gobierno estaba manteniendo entonces con la banda terrorista ETA.
Este jueves el comisario de Policía ha ratificado en la Audiencia Nacional todos y cada uno de los argumentos que hasta ahora ha defendido su equipo investigador: que el chivatazo se dio para favorecer a ETA, que permitió que los 54.000 euros que iba a recibir el etarra Cau Aldanur de manos de Elosúa llegara al final al aparato financiero de la banda y que los "protagonistas" del soplo son Hidalgo, Ballesteros y Pamies. Que el primero ordenó a Ballesteros ir al bar de Elosúa para darle el teléfono, siendo Enrique Pamies la persona que habló con el cobrador de ETA a las 11:23 del día 4 de mayo de 2006.
Por otro lado, Carlos Germán ha aprovechado su cita con el magistrado Pablo Ruz para desmentir las acusaciones que dirigió contra él el primer investigador del caso, José Cabanillas. Éste acusó al investigador del soplo de intentar borrar la grabación donde el dueño del bar Faisán le reconocía a su yerno, Carmelo Luquin, que había recibido una filtración de la Policía. Unas acusaciones que este jueves ha negado Germán de forma rotunda ante el magistrado del juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.
Por su parte, los interrogatorios continuarán este viernes con las declaraciones de cuatro agentes del equipo investigador.