La Abogacía del Estado ha presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo su recurso para impugnar todas las candidaturas de Bildu de cara a las elecciones del 22 de mayo. En concreto, el recurso de los servicios jurídicos del Gobierno se dirige contra las 256 listas que ha presentado la coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba y los candidatos del entorno proetarra y contra 16 plataformas de agrupaciones de electores.
La demanda, tal y como ha señalado el propio abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, sostiene que una de las tres formaciones que compone Bildu es Batasuna- ETA.
De esta forma, los servicios jurídicos del Ejecutivo mantienen que "por primera vez" la formación ilegalizada por el Tribunal Supremo recurre a "la figura de la coalición entre dos partidos legales -en referencia a EA y Alternatiba- para presentar candidaturas en un proceso electoral, añadiéndose a los candidatos de los partidos coaligados numerosísimos candidatos, formalmente independientes, en una operación dirigida y diseñada por el complejo ETA/ Batasuna". Según consta en la demanda los candidatos contaminados por su vinculación etarra superan en número a los de EA y Alternatiba.
Además, el escrito presentado ante el TS recuerda los innumerables intentos de Batasuna de estar presente en las instituciones democráticas desde que en marzo de 2003 el Alto Tribunal la ilegalizara por lo que "el presente proceso electoral -en referencia a las próximas elecciones del 22 de mayo en el País Vasco- no podía ser ajeno a esta estrategia" siendo Bildu el "Plan B" de los proetarras para estar presente en los comicios.
En la demanda, el Ejecutivo –a través de sus servicios jurídicos- afirma que "la política seguida por EA y Alternatiba ha permitido propiciar una alianza para la implementación de un instrumento electoral que sirviera de vehículo para facilitar la presencia de la Izquierda Abertzale ilegalizada en las instituciones".
Prueba de que esta coalición sintoniza con la banda terrorista son todos los informes que las Fuerzas de Seguridad del Estado han elaborado y donde se reflejan los vínculos de Bildu con ANV (pretende ocupar el espacio en los Ayuntamientos que tiene ahora la ilegalizada formación y superarlos) y con Batasuna-ETA. Según el Abogado del Estado, ETA consideró abiertamente "que una coalición así abriría muchas puertas".
Por otro lado, en un documento incautado por las Fuerza de Seguridad a la banda denominado "Herri Akordioa" se recogen los porcentajes de participación de cada uno de los tres partidos en las listas electorales en cada localidad del País Vasco. Los servicios jurídicos del Ejecutivo subrayan que este informe "permite apreciar cómo la proporción de independientes guarda estricta relación con el peso específico relativo de Batasuna en las últimas elecciones municipales (teniendo en cuenta a estos efectos los votos de ANV, allí donde pudo presentarse, y el porcentaje de abstención)".
Asimismo, en otro informe de los Cuerpos de Seguridad se sostiene ETA declaró que la denuncia de la violencia por parte de dicha coalición tendría "un mero valor instrumental o aparente". Otra prueba es la carta fechada el 13 de diciembre de 2010, remitida por la militante de Batasuna Laura Uriarte, etarra Andoni Ugalde Zubiri, en prisión, donde se habla de la elaboración del Herri Programa. Uriarte dice a Ugalde lo siguiente: "El peso lo llevamos nosotros sólo que tenemos que trabajar desde primero preparándolo con EA".
La demanda también aporta conversaciones reveladoras de miembros de formaciones ilegalizada que prueban que Batasuna está detrás de Bildu. Por ejemplio, es el caso el alcalde de Elorrio (ANV), Nicolás Moreno quien dijo: "Con los de EA, aun .... con los de EA debemos negociar ellos qué puestos ..., EA tendrá dos personas en la lista y no sabemos quiénes serán ... bueno, de esas por teléfono no se pueden hablar".
Asimismo, el recurso del abogado del Estado subraya que desde Bildu no se ha producido "ninguna condena a ETA o a sus actuaciones terroristas actuales", calificando como "incidente" el tiroteo a un agente de policía francés, que resultó gravemente herido por dos terroristas el pasado día 9. La coalición electoral "no rectificó en ningún momento dicha declaración", tal y como destaca los servicios jurídicos del Ejecutivo.
Por último, la Abogacía pide al Tribunal Supremo que anule los acuerdos de proclamación de todas las candidaturas de Bildu y que, como medida cautelar, suspenda la obligación legal de la Oficina del Censo Electoral y de las Juntas Electorales de tener que suministrar una copia del censo a las listas impugnadas.
La Sala del 61 del TS tiene de plazo hasta la madrugada del sábado para dictar un fallo sobre las listas y agrupaciones de electores de Bildu de cara al próximo 22 de mayo.