Por primera vez el dueño del bar Faisán (Irún), Joseba Elosúa, ha declarado en calidad de testigo por el chivatazo policial que alguien le dio el 4 de mayo de 2006 para alertarle de que se iba a producir una operación conjunta entre España y Francia, coordinada por la Audiencia Nacional, contra la red de extorsión de ETA. Por ley, los testigos están obligados a decir la verdad ya que sino pueden incurrir en un delito de falso testimonio.
No obstante, el presunto etarra había sido interrogado en otras ocasiones en el juzgado de Instrucción Número 5 pero siempre como imputado dentro del sumario donde se investiga el modus operandi de la banda para conseguir dinero a través del chantaje. Se le acusa de ser el cobrador de la banda criminal. De hecho, en la actualidad, Joseba Elosúa se encuentra procesado por un delito de integración en banda criminal y tres delitos de amenazas terroristas.
Sin querer hacer declaraciones a los periodistas ni a su llegada ni a su salidad de la Audiencia, el dueño del bar Faisán, durante su declaración ante el juez Pablo Ruz -que s eha prolongado durante hora y media-, ha asegurado este martes que el inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros -uno de los tres mandos policiales imputados en el chivatazo- "no es el hombre" que le pasó el móvil del soplo. "Se lo juro, yo soy católico, éste no es el hombre que me entregó el teléfono", ha contestado de forma rotunda Elosúa.
Elosúa estaba en el Faisán
Ruz lo ha citado ya que cuando declaró por primera vez por su vinculación con la red de extorsión de ETA no identificó a Ballesteros cómo la persona que entró en su bar y le pasó el teléfono. En aquella ocasión, se le mostraron las imágenes que un diario de tirada nacional publicó sobre el inspector de Álava en una rueda de reconocimiento. Hoy esta diligencia no se ha vuelto a repetir por lo que Elosúa se ha limitado a reiterar lo que ya dijo hace dos años en sede judicial. Fuentes jurídicas han explicado que el juez no ha querido exhibir al compareciente ninguna imagen de Ballesteros, al entender que la publicación de esa fotografía en un medio de comunicación ha contaminado ya esta diligencia.
Por otro lado, el presunto recaudador de ETA ha reconocido que alguien, que habitualmente no frecuentaba su bar, entró y le pasó el mencionado móvil desde el que se le dio la filtración. De esta forma, si disipan las dudas de si cuando se produjo el soplo fueron uno o dos policías los que entraron en el Faisán.
Asimismo, Joseba Elosúa –coincidiendo con las pesquisas del equipo investigador que dirige el inspector de Policía, Carlso Germán- ha señalado que la delación se produjo entre las 11 y las 11 y media del 4 de mayo.
Por su parte, el inspector reconoció ante el juez que aparecía en las imágenes grabadas por los investigadores en tres momentos: entre las 11.14.05 y las 11.14.10 horas, entre las 11.30.03 y las 11.30.08; y entre las 11.46.15 y las 11.46.25, tiempos a los que habría que sumar un desfase aproximado de tres minutos existente en el contador del videograbador.
Guerra sucia entre policías
Del mismo modo, Elosúa ha señalado que la persona que le entregó el teléfono con el que se realizó el chivatazo "era la única que estaba en el bar y que no era de Iparralde ni hablaba francés". También ha indicado que su paso por la perfumería de su hija, que se habría producido antes del chivatazo, apenas duró "unos 30 segundos", ya que se limitó a "saludar".
Por otro lado, las declaraciones de este martes han vuelto a dejar en evidencia la guerra sucia abierta entre los policías imputados en el caso Faisán y el equipo de Carlos Germán.
El abogado del jefe superior de Policía del País Vasco, José María Fuster-Fabra, y el de Ballesteros, José Luis Vegas, han asegurado que presentarán esta misma semana un escrito en la Audiencia para pedir el archivo de la causa contra sus clientes, al entender que no existe "base jurídica sólida" para mantener su imputación. Además, han informado de que enviarán al juez una infografía que explicaría "una versión alternativa" sobre el chivatazo.
Además, los imputados dicen que el juez debería investigar todas las llamadas que se produjeron en las horas próximas al chivatazo, incluida una del jefe del equipo de investigación, Carlos G., por si alguno de ellos pudo ser el autor de la delación.