El consistorio barcelonés, del PSC, está dispuesto a llegar hasta el final en su batalla para arrinconar el uso del castellano en el ámbito municipal. Y para ello, está ultimando los trámites para llevar ante el Tribunal Supremo un recurso contra la decisión adoptado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que suspendía de forma cautelar varios artículos del Reglamento de Usos Lingüísticos del Ayuntamiento. Este, priorizaba el uso del catalán sobre el castellano en los documentos y comunicaciones oficiales del consistorio, y el TSJC lo suspendió en un auto –de manera cautelar- amparándose en sentencias anteriores que también anularon algunas normativas que imponían el uso preferente del catalán.
La decisión del Tribunal catalán tuvo un voto particular, el del magistrado Alberto Andrés, en el que sostenía que debido a la trascendencia del asunto no debían ser tomadas medidas cautelares, sino una sentencia definitiva que no deje lugar al equívoco. Y precisamente a esto se aferrará el PSC para solicitar la anulación del Reglamento: el Ayuntamiento apela a al "interés público" del reglamento, por lo que "la medida cautelar de suspensión debe adoptarse muy restrictivamente" porque "podría implicar un grave trastorno a la actividad administrativa", informa El Mundo.
Además, exigen que a esta normativa que arrincona el castellano debe "beneficiarse de la presunción de legalidad" ya que "fue aprobada por un órgano competente" dice, en referencia el pleno del Consistorio, y dentro de las competencias del Ayuntamiento.
Lo que busca el Ayuntamiento barcelonés es que el Supremo revoque la suspensión cautelar hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emita su fallo. El truco está en que no existe un plazo determinado para que esto ocurra, y podría prolongarse indefinidamente.
Por otro lado, se encuentra la postura del PP, que también se ha personado en el procedimiento, ya que Alberto Fernández – presidente del Grupo Municipal popular- impugnó este Reglamento de usos lingüísticos ante lo Contencioso Adminsitrativo. Su objetivo, según dijo, es "defender el bilingüismo" en la ciudad.
La posición del PP de Cataluña es que ese reglamento que el PSC defiende a capa y espada, "va en contra de la libertad lingüística porque discrimina una lengua sobre otra. Es necesario garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos por la Administración municipal de forma bilingüe, así como que todos aquellos documentos, comunicaciones, notificaciones e impresos se redacten en ambas lenguas".