De la cara a la cruz. Si los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado creían durante buena parte de este miércoles tener controlado al terrorista de ETA Antonio Troitiño Arranz, excarcelado el pasado día 13 tras pasar 24 años en prisión por cometer 22 asesinatos, la situación parece haber cambiado con el paso de las horas.
Aunque fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional aseguraban en la mañana de este miércoles que el tribunal había recibido la comunicación de que el ex miembro del grupo Madrid de ETA estaba "localizado" en Francia y confiaban en que fuera arrestado pronto, la pista de Troitiño se hacía más borrosa a medida que pasaban las horas.
Así, fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Efe en la tarde de este miércoles han asegurado que las Fuerzas de Seguridad españolas no tienen "ninguna constancia" de que el etarra esté en la localidad gala de Hendaya –donde reside una hija suya y donde otras fuentes le situaban horas antes en el despacho de su abogado– y ni siquiera en el país vecino.
La excarcelación de Troitiño fue revocada ayer martes por la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia, la misma que lo había puesto en libertad el pasado día 13, en un auto en el que se atienen a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo para hacer el doble cómputo de la prisión preventiva obligatorio desde que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre esta cuestión en 2008.
Cuando pusieron en libertad a Troitiño, los magistrados descontaron seis años de prisión preventiva del límite máximo de cumplimiento –establecido en 30 años de prisión– en lugar de hacerlo de la condena total recibida por el terrorista, autor entre otros atentados del que costó la vida a doce guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986.
En la resolución dictada este martes, que resolvía el recurso de la Fiscalía contra la libertad de Troitiño, los miembros de la sección tercera hicieron un nuevo cálculo, descontando el tiempo de prisión preventiva del total de condenas como dispone el Supremo, de modo que el etarra, en el caso de ser detenido, deberá reingresar en la cárcel y no saldrá en libertad hasta el 17 de enero de 2017.
Los magistrados justificaron su cambio de postura diciendo que acababan de conocer una resolución del Supremo, referida a los presos etarras Ignacio Fernández de Larrinoa y Gotzone López de Luzuriaga, en la que el doble cómputo se aplica de esta forma.
Sin embargo, la sentencia del Alto Tribunal es anterior a su decisión de excarcelar a Troitiño, ya que fue dictada el pasado 18 de marzo, y –lejos de "completar" la doctrina sobre esta cuestión, como argumenta la sección tercera– no hace más que reiterar la doctrina establecida en resoluciones anteriores, como la que afectó al narcotraficante gallego Laureano Oubiña, dictada en mayo de 2010.
La actuación del tribunal ha sido criticada por las víctimas de ETA, que han considerado que la decisión de revocar la libertad de Troitiño "ha llegado tarde".
Así lo hizo la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, a quien le parece "espeluznante que un país democrático con 50 años de terrorismo no haya aprendido nada de nada". "Me parece increíble que otra vez vuelva a ser la AVT quien tiene que denunciar, como hicimos ayer, que este asesino se iba a escapar. Nosotros ayer decidimos hacer la rueda de prensa porque se veía que iba a pasar lo mismo que con (José Ignacio) De Juana y la Audiencia Nacional no hacía nada,", añadió Pedraza.
La excarcelación de Troitiño ha provocado también un cruce de acusaciones entre el PP y el Gobierno después de que el portavoz de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo, criticara que el etarra no hubiera sido sometido a una vigilancia policial "constante" tras su puesta en libertad para evitar su huida.
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le contestó recordándole que, tras la primera decisión de la Audiencia Nacional, Troitiño se convirtió en un ciudadano libre con la condena cumplida, por lo que solicitar a la Policía que controlara sus movimientos sería pedirle que hiciera "algo ilegal".