LD (EFE) Con la abstención de los representantes de Polonia y Holanda, los embajadores de los veintisiete países miembros de la Unión Europea han rechazado la propuesta inicial presentada por la presidencia alemana en turno y respaldada, entre otros, por España, que pedida retirar unilateralmente las sanciones diplomáticas contra la dictadura de Fidel Castro adoptadas en 2003 a instancias del entonces Gobierno español que encabezaba José María Aznar, y suspendidas en 2005 por presiones de la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero.
El objetivo de la presidencia germana era propiciar la normalización de las relaciones con La Habana, en línea con la estrategia impulsada por España, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, visitó oficialmente Cuba el pasado abril. Pero, los embajadores de la República Checa, Reino Unido, Irlanda, Bélgica o Suecia se pronunciaron por mantener la política común frente a Castro, misma que será ratificada el próximo lunes en la cumbre de los ministros de Exteriores de la UE.
El último proyecto de resolución preparado por Berlín para la cita de los ministros reafirma la intención europea de mantener un doble diálogo con la sociedad civil y con el Gobierno de Fidel Castro, y prevé que se curse una invitación a una delegación oficial cubana para explorar esta segunda vía.
El texto fue debatido y pactado en el Comité Político y de Seguridad (COPS) -órgano del Consejo de la UE donde se examinan asuntos de Política Exterior de especial relevancia- y será evaluado este jueves en el Comité de Representantes Permanentes, aunque no se esperan ya modificaciones de fondo. El lunes, será adoptado por el Consejo de ministros de Exteriores que mantendrán así intacta la llamada "Posición Común" hacia Cuba adoptada en 1996 y que le compromete a buscar reformas democráticas y el respeto a los derechos humanos en la isla.
El proyecto de resolución preparado para el lunes deplora que, a pesar de los últimos cambios en la isla tras la enfermedad de Castro, "la situación de los derechos humanos no ha cambiado de manera fundamental". El régimen, denuncia, "sigue negando a sus ciudadanos derechos civiles, políticos y económicos internacionalmente reconocidos".