LD (EFE) Así consta en un auto hecho público este martes en el que el magistrado de la Audiencia Nacional. Eloy Velasco cursa una comisión rogatoria a Estados Unidos a fin de que informen sobre si en la actualidad "están siendo o no investigados o perseguidos (los hechos) ante sus autoridades , o si en su caso se va a hacer, indicando la concreta autoridad que lo estuviera haciendo e identificando el concreto procedimiento".
Velasco pide esta información antes de decidir si admite o no a tramite la querella presentada por la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España contra seis abogados estadounidenses por dar el apoyo legal para la puesta en marcha de Guantánamo.
En su auto, el magistrado recuerda la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, si bien sostiene que, "estando en una fase prematura, parece más acorde a nuestro complejo sistema de persecución universal de los crímenes contra la humanidad", interesar a EEUU esa información por si fuera necesario enviarles la querella para que se acumulara en el procedimiento existente.
Los querellados son Alberto R. Gonzales, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta 2005, cuando se convirtió en fiscal general de Estados Unidos; y otros miembros de la Administración de George W. Bush como David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith, Jay S.Bybee y John Yoo.
La querella afirma que los denunciados "participaron activa y decisivamente en la elaboración , aprobación y puesta en funcionamiento de un cuerpo de derecho positivo o andamiaje jurídicos" que permitió privar de derechos a los prisioneros, poner en práctica técnicas de interrogatorio que incluían la tortura y dar cobertura legal a esa situación. Pero, sobre todo, les acusa de "establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que ha participado en lo sucedido en el centro de detención de Guantánamo".
Gonzales y sus compañeros, según los querellantes, formaban parte de lo que ellos mismos llamaban "Comité de Guerra" y que, inmediatamente después del 11-S, elaboraron un memorando en el que se autorizaba a la CIA para disponer de centros de detención fuera de los Estados Unidos que Bush firmó el 17 de septiembre de 2001.
Esta querella recayó en el juzgado de Velasco el pasado 23 de abril después de que su compañero Baltasar Garzón la enviara a reparto, tal y como le pidió la Fiscalía, que se oponía a su admisión a trámite porque consideraba que el juez competente para conocer esta querella era Ismael Moreno, que tiene abierta una causa en la que investiga los llamados vuelos de la CIA.
Al margen de esta investigación, Garzón abrió la semana pasada una causa para investigar a los posibles "autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices" de los delitos de torturas cometidos en Guantánamo durante la Administración de Bush.
El magistrado incoó estas diligencias a partir de las denuncias de Hamed Abderrahman Ahmed, "Hmido", conocido como " el talibán español", Lahcen Ikassrien, Jamiel Abdul Latif al Banna "Abu Anas" y Omar Deghayes, que después de pasar por Guantánamo declararon ante él y refirieron haber sufrido torturas durante el tiempo de su detención "bajo la autoridad de personal del Ejército norteamericano".
Velasco pide esta información antes de decidir si admite o no a tramite la querella presentada por la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España contra seis abogados estadounidenses por dar el apoyo legal para la puesta en marcha de Guantánamo.
En su auto, el magistrado recuerda la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, si bien sostiene que, "estando en una fase prematura, parece más acorde a nuestro complejo sistema de persecución universal de los crímenes contra la humanidad", interesar a EEUU esa información por si fuera necesario enviarles la querella para que se acumulara en el procedimiento existente.
Los querellados son Alberto R. Gonzales, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta 2005, cuando se convirtió en fiscal general de Estados Unidos; y otros miembros de la Administración de George W. Bush como David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith, Jay S.Bybee y John Yoo.
La querella afirma que los denunciados "participaron activa y decisivamente en la elaboración , aprobación y puesta en funcionamiento de un cuerpo de derecho positivo o andamiaje jurídicos" que permitió privar de derechos a los prisioneros, poner en práctica técnicas de interrogatorio que incluían la tortura y dar cobertura legal a esa situación. Pero, sobre todo, les acusa de "establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que ha participado en lo sucedido en el centro de detención de Guantánamo".
Gonzales y sus compañeros, según los querellantes, formaban parte de lo que ellos mismos llamaban "Comité de Guerra" y que, inmediatamente después del 11-S, elaboraron un memorando en el que se autorizaba a la CIA para disponer de centros de detención fuera de los Estados Unidos que Bush firmó el 17 de septiembre de 2001.
Esta querella recayó en el juzgado de Velasco el pasado 23 de abril después de que su compañero Baltasar Garzón la enviara a reparto, tal y como le pidió la Fiscalía, que se oponía a su admisión a trámite porque consideraba que el juez competente para conocer esta querella era Ismael Moreno, que tiene abierta una causa en la que investiga los llamados vuelos de la CIA.
Al margen de esta investigación, Garzón abrió la semana pasada una causa para investigar a los posibles "autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices" de los delitos de torturas cometidos en Guantánamo durante la Administración de Bush.
El magistrado incoó estas diligencias a partir de las denuncias de Hamed Abderrahman Ahmed, "Hmido", conocido como " el talibán español", Lahcen Ikassrien, Jamiel Abdul Latif al Banna "Abu Anas" y Omar Deghayes, que después de pasar por Guantánamo declararon ante él y refirieron haber sufrido torturas durante el tiempo de su detención "bajo la autoridad de personal del Ejército norteamericano".