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La noche del 5 de abril de 1992, o cuando el "chino" se convirtió en dictador

"Disolver". Hace 18 años, con esta palabra el entonces presidente Alberto Fujimori abría una de las etapas más nefastas de la democracia en el Perú. Ese 5 de abril las instituciones quedaron clausuradas y los derechos de los peruanos recortados. Hoy, Fujimori paga en una cárcel sus delitos.

"Disolver". Hace 18 años, con esta palabra el entonces presidente  Alberto Fujimori abría una de las etapas más nefastas de la democracia  en el Perú. Ese 5 de abril las instituciones quedaron clausuradas y los  derechos de los peruanos recortados. Hoy, Fujimori paga en una cárcel  sus delitos.

En la actualidad, el Perú es uno de los países que gozan de mayor estabilidad democrática e institucional con una economía en constante crecimiento. Sus últimos procesos electorales han sido limpios y sin los pasados escándalos de fraude. Sin embargo, el camino para llegar a este punto ha sido largo y tortuoso.

La salida de Alberto Fujimori del poder, que huyó del país y renunció a la presidencia vía fax en el año 2000, fue clave para la restitución de cierta normalidad. Aquel año, al "chino" no se le dio el gusto de irse del poder sino que el Congreso, el mismo que disolvió en aquel mensaje de la nación del 5 de abril de 1992, no le aceptó la renuncia y prefirió destituirlo por "permanente incapacidad moral".

Ese domingo, muchos peruanos vieron cómo la programación televisiva se interrumpía a las 22:00 para transmitir un sorpresivo mensaje de Fujimori. Tras narrar un desolador panorama en el país, sus tristemente recordadas palabras fueron las siguientes: "He decidido tomar las siguientes trascendentales medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional". No sólo eso, también anunció su decisión de "reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia".

Al día siguiente, muchos peruanos -seguramente hartos de los políticos tradicionales- se mostraron de acuerdo (con un 63% de aprobación en las encuestas) con la autoritaria decisión de Fujimori , seguramente aconsejado por el que fuera su fiel asesor: Vladimiro Montesinos. Pocas horas después del que se denominó "autogolpe de Estado", el Ejército, que secundó la ilegal acción, tomó gran parte de los medios de comunicación para controlar sus ediciones del día siguiente. El entonces subdirector del diario El Comercio, Alejandro Miró Quesada Cisneros, señaló que "vine inmediatamente y encontré soldados en la redacción. Decidimos no escribir nada mientras hubiera gente con fusiles en la mano en esa sala".

Otras personalidades como Mario Vargas Llosa protestaron enérgicamente por los sucesos ocurridos mientras que el propio Alan García, en la actualidad presidente del Perú y que entonces apoyó a Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de 1990, se vio obligado a huir del país ante la amenaza de ser detenido. Además, aún sigue en la memoria de los peruanos la imagen de soldados asaltando las oficinas del Poder Judicial y arrojando por sus ventanas archivos enteros. La única explicación de Fujimori es que lo hacía por "razones de Estado", pero lo que en realidad dio lugar es a uno de los Gobiernos más corruptos de la historia del Perú gracias a la mano de Montesinos que no sólo perpetró grandes delitos sino que también fue el principal encargado de comprar las líneas editoriales de varios diarios y televisiones locales.

Además, el Perú vio cómo varios países suspendieron su ayuda humanitaria y financiera al país mientras que otros de la región como Argentina, Chile y Venezuela -entonces gobernados por Carlos Menem, Patricio Aylwin y Carlos Andrés Pérez, respectivamente- rompieron sus relaciones diplomáticas con Lima. De hecho, Chile propuso su expulsión de la OEA aunque finalmente, el organismo entonces dirigido por el brasileño João Clemente Baena Soares, confirmó a Fujimori como "presidente constitucional" con la única condición de que convocara unas elecciones constituyentes, algo que no ocurrió hasta el 22 de noviembre de ese año. Sin duda una actitud muy diferente a la ocurrida el año pasado con Honduras, a quien ni siquiera se le dio la oportunidad de explicarse ante la destitución de Manuel Zelaya, un beneficio que sí obtuvo Fujimori.

Hoy, 18 años después, tanto Fujimori como Montesinos cumplen largas condenas por corrupción. El ex presidente también cumple una pena de 25 años de cárcel por los crímenes de lesa humanidad por los conocidos casos de Barrios Altos y La Cantuta. Pero esto no parece ser el final de dicho apellido en la política peruana ya que su hija Keiko será una de las candidatas a las elecciones presidenciales de 2011 con el único propósito de indultar a su padre. Por lo menos hasta ahora no ha entrado a debatir ninguno de los problemas -políticos, económicos y sociales- que aún quedan en el Perú.

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