L D (EFE) Los bolivianos acudieron a las urnas para pronunciarse, por primera vez en la historia del país, sobre una nueva Constitución en un referendo que estuvo marcado por la tranquilidad y algunas denuncias de fraude. Tras la votación y a la espera de resultados oficiales, las encuestas de tres canales de televisión coincidieron en otorgar un apoyo de entre el 60 y el 61 por ciento al texto constitucional, de 411 artículos con el que Morales pretende "refundar" el país.
El "No" habría cosechado en el conjunto nacional el 40 por ciento de los votos, pero, según los sondeos, el rechazo habría sido muy mayoritario en las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, las mismas que se "rebelaron" el año pasado contra Morales aprobando de forma unilateral sus propios estatutos de autonomía. Algunos canales televisivos ofrecieron también los primeros resultados por el método de "recuento rápido" que estrechan el margen entre el "Sí" y el "No" y reducen el apoyo a la Constitución al 57 por ciento.
Líderes de Santa Cruz, feudo de la oposición autonomista a Morales, interpretaron estos resultados como un "verdadero empate", según lo definió el secretario de Autonomías de la Prefectura de esta región, Carlos Dabdoub. En declaraciones a la Red Uno, Dabdoub señaló que, si se confirman los sondeos, la ejecución de esta Constitución "sería inviable". A su juicio, con el 40 por ciento en contra y territorialmente dos tercios del país a favor del "No", es necesaria "una agenda de negociación y un pacto social para poder implementar" la nueva Carta Magna.
Por su parte, el senador Luis Vázquez, de la alianza opositora Poder Democrático y Social (Podemos), dijo en Gigavisión que "los resultados lo único que reflejan es que el país sigue confrontado" y que "el Gobierno no ha logrado un mensaje de unidad popular". "La única reflexión posible es que en un país confrontado y un país dividido no se puede sembrar esperanza", comentó Vázquez.
Si se confirman las encuestas, los bolivianos tendrán una nueva Constitución, que propugna un país plurinacional, orientado a la integración indígena, autonómico y de economía "estatista". La oposición critica este texto porque otorga privilegios a grupos étnicos en detrimento de los mestizos y no recoge una descentralización autonómica verdadera, entre otros.